El exministro de Economía cubano, Alejandro Gil, fue sentenciado a cadena perpetua por espionaje y “traición a la patria”. El régimen lo acusó de corrupción, engañar al país y filtrar información clasificada del fallido plan económico Tarea Ordenamiento.
El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba comunicó este lunes la severa condena impuesta a Alejandro Gil Fernández, quien hasta 2024 fungía como viceprimer ministro y jefe de Economía, considerado entonces un hombre de absoluta confianza del gobernante Miguel Díaz-Canel. Gil fue sentenciado a cadena perpetua y veinte años de prisión por dos expedientes distintos que lo responsabilizan de una decena de crímenes calificados como “traición a la patria”.
La divulgación de esta condena pone punto final a la maniobra política y judicial del régimen, que se inició con la remoción repentina del funcionario en febrero de 2024. Sin embargo, el fallo no ofrece la transparencia que la población cubana ha demandado, limitándose el gobierno a señalar al exministro, en un momento en que la isla atraviesa la peor crisis económica de su historia reciente.
El comunicado del Tribunal concluye que el exfuncionario “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía”. Gil, quien fue la figura detrás de la polémica Tarea Ordenamiento de 2021 (una reforma fallida que prometió reactivar la economía mediante el fin de la doble moneda y ajustes de precios), es responsabilizado por el resultado de dichas políticas, que han empobrecido aún más a la nación caribeña.
La información oficial sostiene que el acusado, tras dos vistas orales realizadas en noviembre, “incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”. El TSP justificó la dureza de la pena en la “degradación ética, moral y política” del condenado, estableciendo, según el Artículo 4 de la Constitución, que la traición a la Patria es el crimen más grave y sujeto a las sanciones más rigurosas.
Además, el régimen asegura que, mediante su “actuar corrupto y simulador”, Gil se aprovechó de sus atribuciones para beneficio personal, recibiendo dinero de fuentes externas y sobornando a otros servidores públicos para “legalizar la adquisición de bienes”. Los delitos por los que fue condenado incluyen: espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, cohecho, sustracción de documentos bajo custodia oficial y violación de normas de protección de documentos clasificados. Como parte de la sentencia, se ordenó la confiscación de sus propiedades y la privación de derechos públicos.
Especialistas han señalado que es improbable que el exministro haya actuado solo en estos delitos. Ricardo Torres, exinvestigador de la American University de Washington, indicó previamente a EL PAÍS que la responsabilidad es “muy compartida”, ya que todas las medidas económicas relevantes son avaladas por el Consejo de Ministros o el Buró Político. La destitución y posterior inculpación de quien fuera una de las principales figuras del gabinete cubano entre 2018 y 2024, sugieren un alto nivel de tensión dentro de la cúpula gubernamental en La Habana.
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