La crisis financiera que sacude al fútbol argentino se agravó este martes con la orden judicial que amplió el cerco sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales afiliados. El juez federal Luis Armella dispuso una treintena de procedimientos que, además de los operativos en las sedes de AFA en Viamonte y Ezeiza, se extendieron a diecisiete clubes de distintas categorías. La magnitud de la intervención, que incluye a gigantes como Racing e Independiente, subraya la profundidad de las sospechas sobre el manejo de fondos en el deporte más popular del país y la necesidad de una profunda revisión de la fiscalización institucional.
La Justicia Federal, bajo la orden del juez Luis Armella, dispuso allanamientos en la sede de la AFA y en un total de diecisiete clubes de distintas categorías.
Primera División:
San Lorenzo (mencionado por montos investigados que superan los $1.900 millones).
Racing Club (mencionado por movimientos sospechosos de más de $100 millones).
Argentinos Juniors (mencionado por movimientos por $200 millones).
Independiente
Banfield (allanado previamente, foco en la venta del jugador Agustín Urzi).
Barracas Central
Platense
El corazón de la investigación es la financiera Sur Finanzas, principal sponsor de la AFA y de varios clubes, y su titular Ariel Vallejo, un hombre de estrecha relación con el presidente Claudio Tapia. La causa, impulsada por denuncias de la DGI y la ARCA, apunta a la presunta comisión de lavado de dinero y evasión tributaria. El monto bajo la lupa es asombroso: se detectaron transferencias por $818.000 millones de pesos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”. Esta cifra monumental se habría movido utilizando perfiles fiscales inconsistentes, incluyendo “monotributistas sin capacidad económica” y entidades vinculadas a la emisión de facturas apócrifas, un claro indicio de maniobras de blanqueo.
El rastreo del dinero reveló que varios clubes mantuvieron vínculos comerciales o financieros con la firma investigada. La lista se expandió para incluir a instituciones como Platense, Deportivo Armenio, Barracas Central y Acassuso. Los montos sospechosos son particularmente alarmantes en la Primera División: San Lorenzo, por ejemplo, es investigado por la recepción de supuestos préstamos que superarían los $1.900 millones de pesos, además de los $660 millones en movimientos bajo la lupa de la DGI. En este contexto, el caso de Banfield, ya allanado previamente, se centra en la presunta utilización de la financiera en la venta del jugador Agustín Urzi.
Los allanamientos buscan documentación que pruebe si los vínculos entre la AFA, los clubes y Sur Finanzas eran meramente publicitarios o si encubrían operaciones financieras ilícitas. La situación plantea un dilema ético sobre la responsabilidad de la dirigencia al aceptar patrocinios de firmas bajo sospecha, cuyos antecedentes deberían ser escrutados. Algunos clubes, como Excursionistas, han optado por el control de daños, emitiendo comunicados donde aseguran que el único vínculo existente es un acuerdo de sponsoreo, despegándose de cualquier relación financiera o societaria. Este tipo de declaraciones busca delimitar responsabilidades en un escándalo que expone la laxitud de los controles internos.
El avance de la causa, con 30 procedimientos en simultáneo, consolida una investigación que pone a prueba la integridad de la dirigencia deportiva y sus lazos con el poder económico informal. La fiscal Cecilia Incardona continúa recabando evidencia clave para determinar el destino real de la fortuna movilizada por la financiera ligada a Tapia, cuya relación con Vallejo estaría actualmente en crisis. El fútbol, como fenómeno social y económico de gran impacto, se enfrenta a una de sus mayores pruebas de transparencia, donde el resultado de la investigación judicial definirá la credibilidad de sus autoridades y el futuro de las relaciones comerciales en el deporte.