Miami, con medio millón de habitantes, tiene una población marcadamente latina (más del 70%), con cubanos y cubanoamericanos constituyendo el grupo más grande (30%). Durante la campaña, el Partido Republicano intentó asociar a Higgins con figuras de la izquierda radical para generar miedo entre las comunidades de exiliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, exiliados de regímenes totalitarios.
Sin embargo, el descontento generado por la agenda antiinmigrante de la administración Trump impactó profundamente en el sur de Florida. Cientos de miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses —incluidos familiares de residentes— quedaron en el limbo tras la cancelación de programas humanitarios y protecciones. El incremento de redadas y la instalación de centros de detención han creado un clima de miedo que, según sondeos, ha generado rechazo a la deportación de inmigrantes sin antecedentes penales.
Higgins capitalizó este sentimiento al oponerse abiertamente a la agenda “cruel” del presidente, presentándose como una alternativa sensible al drama de la comunidad hispana. Prometió anular el acuerdo 287(g) que permite a la policía local colaborar con agencias federales de inmigración y advirtió que el fin del Estatus de Protección Temporal para venezolanos y haitianos ponía en peligro la economía de la ciudad.
La alcaldesa electa, graduada de las universidades de Nuevo México y Cornell, sirvió durante siete años en la Comisión de Miami-Dade, representando el Distrito 5, que incluye importantes vecindarios latinos. Su victoria no solo rompe la dinastía política local plagada de escándalos, sino que marca un cambio en el liderazgo de la ciudad.