La Agencia I+D+i canceló los proyectos PICT 2022 ya adjudicados y cerró la convocatoria 2023. Investigadores denuncian paralización total del sistema y advierten sobre el éxodo de talentos.
La Agencia I+D+i canceló los proyectos PICT 2022 ya adjudicados y cerró la convocatoria 2023. Investigadores denuncian paralización total del sistema y advierten sobre el éxodo de talentos.
El Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) resolvió dar de baja definitiva las líneas de financiamiento de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de 2022 y 2023.
Esta medida afecta cerca de 1.584 proyectos aprobados en la convocatoria 2022, evaluados por pares nacionales e internacionales, y elimina una herramienta que durante décadas sostuvo el sistema científico del país.
La agencia, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a cargo de Darío Genua, argumentó demoras crónicas y montos insuficientes en los PICT, que solían ejecutarse con retrasos de dos años o más.
Anteriormente, los PICT financiaban alrededor de 1.500 iniciativas anuales en todas las áreas del conocimiento, desde ciencias básicas hasta aplicadas, con becas asociadas para unas 1.300 personas en 2023, reducidas ahora a 600.
La decisión se tomó tras dos años sin nuevas convocatorias ni ejecución de fondos aprobados, lo que paralizó laboratorios y generó preocupación en universidades nacionales. Valeria Levy, vicedecana de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigadora del Conicet, señaló que en su facultad se eliminan 109 proyectos seleccionados en concursos transparentes.
En reemplazo, la agencia lanzó el programa Apoyo a la Investigación Científica (AIC), con un presupuesto de hasta 10 millones de dólares para proyectos de máximo dos años, priorizando salud, agroindustria, energía y minería.
Cada iniciativa recibirá hasta 200.000 dólares, con el 80% aportado por la agencia y el 20% por beneficiarios y empresas privadas asociadas, bajo un esquema de ventanilla abierta hasta agotar fondos.
Fuentes oficiales indicaron que esto responde a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y busca resultados transferibles al sector productivo, estimando unos 100 beneficiarios.
Expertos como Jorge Aliaga, ex decano de Ciencias Exactas de la UBA, cuestionaron la exclusión de ciencia básica, física, química, matemáticas, humanidades y ciencias sociales, así como la exigencia de vinculación privada, similar al extinto FONTAR.
Jorge Geffner, investigador superior del Conicet, alertó sobre la pérdida de masa crítica y el impacto en grupos jóvenes. Galo Soler Illia, químico del Conicet, estimó tasas de aprobación del 3-5%, favoreciendo consorcios grandes en detrimento de la diversidad.
La Red Argentina de Autoridades en Ciencia, Innovación y Tecnología (RAYCIT), que agrupa a más de 400 directivos, calificó el 4 de diciembre como fecha clave en el desmantelamiento científico, con repudio unánime de investigadores, universidades y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El Consejo Federal de Innovación señaló un éxodo masivo de científicos-docentes y deterioro salarial del 30-40% desde diciembre de 2023. Un informe del grupo EPC registró la función Ciencia y Tecnología en 0,164% del PBI este año, el mínimo histórico, con caída del 45,3% desde 2023.
El próximo miércoles, científicos se concentrarán en el Polo Científico de Palermo para rechazar los recortes. Fuentes oficiales mencionaron posibles nuevas líneas para economía del conocimiento e inteligencia artificial en 2026, según lineamientos estratégicos 2025-2027, pero sin plazos firmes.
La comunidad científica urge diálogo y continuidad en la inversión basal para preservar capacidades acumuladas durante décadas.
La CGT y senadores peronistas se reunieron para coordinar una “estrategia de resistencia” contra la reforma laboral del Gobierno. Buscan evitar el “tratamiento exprés” y la atomización sindical en el Senado, concentrándose en sumar nueve votos clave de provincias. Descartaron un paro en diciembre.
El expresidente del BCRA, Martín Redrado, pidió liberar el tipo de cambio y eliminar restricciones. Aunque valoró el ajuste fiscal, advirtió que Argentina necesita aplicar políticas anticíclicas para gestionar la volatilidad de los flujos internacionales y brindar previsibilidad cambiaria.
Los fondos demandantes de YPF insistieron en que el ministro Luis Caputo y otros funcionarios entreguen sus celulares. Buscan probar un “alter ego” entre el Estado y las empresas usando chats paralelos para asuntos oficiales. La defensa argentina alega que los dispositivos son propiedad privada y no están bajo su control.
Adorni y Santilli se reunieron con los gobernadores Sáenz, Jalil y Orrego para buscar respaldo para el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Un tema clave fue modificar la Ley de Glaciares para impulsar inversiones mineras por u$s35.000 millones, pese a la resistencia ambiental.
Jorge Macri celebró dos años de “cambio real” en CABA. Destacó el fin de la ocupación de calles y la recuperación de más de 500 propiedades. Resaltó la adición de 3.839 policías, el sistema de multipago en transporte y la modernización de hospitales e infraestructura.
El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, exigió la renuncia de Nicolás Maduro en la ceremonia del Nobel de la Paz. Denunció la represión, la tortura y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El discurso rindió homenaje a la “valentía civil” de María Corina Machado y la oposición.
El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido en La Paz, acusado de malversación de fondos relacionados con el extinto Fondioc. La Fiscalía investiga desembolsos de dinero público a cuentas particulares cuando Arce fue ministro de Economía. Su detención se produce tras la derrota de la izquierda en las últimas elecciones.
Autoridades chavistas impidieron la salida de Venezuela al cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto, confiscando y anulando su pasaporte con destino a Madrid. El incidente, en el Día de los Derechos Humanos, agrava las tensiones con la Iglesia y es parte de la estrategia represiva del régimen de Nicolás Maduro.
