Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó a su hijo Francisco en un camión sobre la ruta 60 cerca de Huanguelén y se quitó la vida tras llamar a su expareja, sargento policial, con aviso previo. Denuncias familiares previas no impidieron la tragedia.
Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó a su hijo Francisco en un camión sobre la ruta 60 cerca de Huanguelén y se quitó la vida tras llamar a su expareja, sargento policial, con aviso previo. Denuncias familiares previas no impidieron la tragedia.
Gustavo Suárez, transportista de 48 años residente en Coronel Suárez, condujo su camión Mercedes Benz por la ruta provincial 60 con su hijo Francisco, de 4 años, a bordo.
Poco después de la medianoche del lunes, detuvo el vehículo en un descampado a 150 metros del acceso a Huanguelén, en el sudoeste bonaerense. Allí realizó una llamada a su exmujer, Daiana García, sargento de 35 años de la Policía Comunal local, para informarle sus intenciones de matar al niño y suicidarse.
García alertó de inmediato a sus compañeros. Un móvil policial llegó minutos después y encontró a Suárez sin vida por un disparo en la cabeza, con una pistola Bersa calibre .22 en la mano derecha.
Francisco presentaba signos vitales pese a una herida similar, por lo que lo trasladaron al hospital municipal. El menor falleció horas después pese a los esfuerzos médicos. La escena mostraba manchas de sangre y desorden en la cabina.
La causa se caratuló como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio. La UFI N°5 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, ordenó pericias balísticas, autopsias y recolección de testimonios para reconstruir la mecánica exacta.
La pareja mantenía un historial de conflictos con denuncias cruzadas por violencia familiar. El 7 de noviembre, García presentó una solicitud de restricción de acercamiento contra Suárez para protegerse y al niño.
Cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3 de Bahía Blanca, dirigido por el juez Alberto Antonio Manzi, rechazó la medida y derivó el caso al Juzgado de Paz de Coronel Suárez y al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño.
El 11 de noviembre, el servicio social solicitó protecciones para Francisco por vulnerabilidad emocional.
Sin embargo, el 14 de noviembre, el Juzgado de Paz, bajo Alejandro Goñi Pisano, dictó el cese de medidas de perturbación e intimación, permitiendo el contacto paterno-filial al considerar que no existía riesgo extremo. Esa disposición perdió vigencia el 4 de diciembre, seis días antes del hecho.
Estas resoluciones generaron un debate sobre la evaluación de riesgos en contextos familiares tensos, donde el seguimiento interdisciplinario no evitó la escalada.
Suárez anticipó su acto en un estado de WhatsApp publicado esa noche, con mensajes dirigidos a García que culpaban a la expareja por la separación y prometían cuidar al niño “donde sea que estemos”. Además, dejó una carta de dos páginas en el camión, cargada de resentimiento, donde justificaba su decisión como protección al hijo frente a una supuesta “vida de mierda” y advertía que ella no lo vería más.
El texto revelaba un patrón de control emocional, con frases que enfatizaban promesas paternas y reproches por la ruptura familiar. Investigadores lo interpretaron como evidencia de premeditación, vinculada a disputas por la tenencia del menor.
El fiscal Viego evalúa las intervenciones previas de juzgados y servicios sociales para identificar posibles fallos en la contención institucional.
Peritos de Policía Científica analizan el arma, trayectorias balísticas y cronología de la llamada. La comunidad de Coronel Suárez procesa el impacto, mientras el cuerpo del niño aguardaba entrega familiar.
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