La pequeña localidad de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, fue el escenario de una tragedia familiar con un desenlace anunciado y evitable. El hecho, caratulado como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio, conmociona a la provincia y pone el foco en los antecedentes de violencia familiar que rodearon a las víctimas. La investigación judicial busca ahora determinar las responsabilidades previas y el contexto íntimo que llevó al parricida a ejecutar su plan en la madrugada de este martes.
El fatal episodio se desencadenó cuando Gustavo Suárez se comunicó telefónicamente con su exmujer —quien se desempeña como sargento de la Policía local— para notificarle su ubicación exacta y la drástica decisión que estaba a punto de tomar: asesinar a su hijo de cuatro años, Benicio, y luego quitarse la vida. La mujer, pese a estar en su día de franco, alertó inmediatamente a sus colegas de la fuerza de seguridad, quienes enviaron un móvil policial al lugar indicado, un acceso a la localidad de Huanguelén, a unos 150 metros de la Ruta Provincial 60.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron un camión Mercedes Benz 2035 detenido sobre la banquina. En su interior se hallaban Suárez y el menor. Los primeros indicios de la investigación arrojaron que el hombre había muerto por un disparo en la cabeza, con una pistola Bersa calibre 22 encontrada en su mano. El pequeño, aunque aún presentaba signos vitales, falleció poco después mientras era trasladado de urgencia a un hospital. Estos detalles iniciales sugieren una mecanica premeditada que la justicia debe desentrañar.
Según fuentes vinculadas a la investigación, existían antecedentes de violencia familiar y denuncias previas entre la pareja. Un agente explicó que el homicida, al parecer, “veía poco a su hijo” y habría consumado el acto en “represalia hacia la mujer”. Esta versión, sumada a la posibilidad de que Suárez hubiera dejado un mensaje en WhatsApp anticipando sus intenciones (aunque no confirmado oficialmente), convierte el crimen en una tragedia por violencia vicaria, donde el hijo se utiliza como herramienta de castigo final hacia la expareja.
El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 (UFIJ N°5) del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la órbita del fiscal Jorge Viego. Este suceso se suma a otro violento hecho reciente en Coronel Suárez, donde un condenado por agredir a una niña, beneficiado con la libertad asistida por “buena conducta”, atacó salvajemente a su hijastro de once meses. Ambos episodios ponen en debate la eficacia de los mecanismos judiciales y sociales para prevenir la violencia extrema y proteger a los menores en situaciones de riesgo intrafamiliar.