El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo aborda uno de los desafíos más urgentes y complejos del mercado laboral contemporáneo: la regulación de los trabajadores de plataformas digitales y apps de reparto. La iniciativa busca zanjar el vacío legal existente, estableciendo un marco normativo que defina la relación entre las plataformas tecnológicas y sus repartidores, un sector que crece exponencialmente, pero que opera en una zona gris en términos de derechos sociales y laborales.
El punto central de la propuesta se encuentra en el esquema de presunción de la relación laboral. El proyecto apunta a evitar la relación de dependencia automática que rige bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) tradicional. En cambio, la reforma se inclina por fortalecer la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” o “autónomo”, siempre que la actividad se realice sin cláusulas que configuren una dependencia o subordinación explícita. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de proteger al trabajador sin sofocar la flexibilidad que es inherente al modelo de negocio de las plataformas.
La nueva legislación establece pautas claras para que la relación se considere de naturaleza autónoma. Se deberá asegurar que el repartidor tenga libertad para elegir horarios y turnos, la posibilidad de rechazar pedidos sin penalización grave, y que pueda prestar servicios a múltiples plataformas de forma simultánea. Al mismo tiempo, el proyecto prevé la creación de un sistema de aportes y protecciones sociales simplificado para estos trabajadores, reconociendo su dependencia económica de la plataforma, pero no su subordinación jerárquica.
Sin embargo, esta propuesta genera un fuerte debate en el ámbito sindical y legal. Mientras que el Gobierno y el sector empresario defienden la desregulación como una herramienta para fomentar la creación de empleo y la innovación, los gremios y abogados laboralistas alertan sobre el riesgo de precarización. La crítica se centra en que la ley podría formalizar la elusión de responsabilidades por parte de las plataformas, dejando a los trabajadores sin la estabilidad, las indemnizaciones por despido y la cobertura de salud completa que garantiza el régimen de la LCT.
En definitiva, la reforma laboral busca ordenar un mercado emergente donde la tecnología superó la legislación. La regulación de los trabajadores de plataformas digitales no es solo un tema argentino; es un desafío global que obliga al Congreso a reflexionar sobre cómo adaptar los principios de justicia social a una economía donde la digitalización y la flexibilidad han reescrito las reglas de la relación laboral.