La investigación por sobreprecios, direccionamientos y supuestos retornos en la compra de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un capítulo de alta tensión política y judicial. Diego Spagnuolo, extitular del organismo, presentó un contundente descargo ante el juez Sebastián Casanello, buscando desarticular la cadena de mando que lo señalaría como el jefe de una “estructura de miles de millones”. En una estrategia de defensa que generó controversia, Spagnuolo no negó la existencia de las maniobras delictivas, sino que apuntó directamente a otro imputado: Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a Servicios de Salud y hombre vinculado a la política menemista.
El argumento central de Spagnuolo se basa en una cuestión de competencia funcional. En su escrito, alega que su cargo no le otorgaba facultades para participar en los procedimientos de contratación. “Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no adjudicaba órdenes de compra”, sostuvo Spagnuolo, argumentando que las “etapas técnicas” del sistema de medicamentos, conocido como PACBI, dependían de la Dirección a cargo de Garbellini. De esta manera, busca forzar una cadena de mando “inexistente” que lo desvincule de las adjudicaciones direccionadas a un grupo de droguerías.
La defensa del exfuncionario, patrocinada por el abogado Mauricio D’Alessandro, se apoya en el cuestionamiento a los audios clave de la causa, que lo señalaban como el jefe de la organización. Spagnuolo presentó un peritaje privado —realizado por un especialista español— que sugiere que las grabaciones podrían estar cortadas, editadas e incluso manipuladas con Inteligencia Artificial. No obstante, el propio estudio no es concluyente, admitiendo que la falta de la secuencia completa impide un “examen exhaustivo e inequívoco” sobre su autenticidad. La validez de estos audios sigue siendo un punto de fricción entre la Cámara Federal y el juez Casanello.
A pesar de su intento por desvincularse, el descargo de Spagnuolo dejó varios cabos sueltos que la Justicia deberá indagar. Aunque el exfuncionario calificó de “absurda” la imputación de haber recibido apenas cinco millones de pesos, la Fiscalía aún busca explicaciones sobre el hallazgo de $80.000 dólares en su caja de seguridad, solo $25.000 de los cuales estaban declarados. Además, el escrito no logra explicar las cinco visitas del empresario y lobista Miguel Ángel Calvete —también imputado en la causa— a su casa en un barrio privado, un hecho que contradice su alegato de falta de poder operativo.
Mientras Spagnuolo busca desligar su responsabilidad, el juez Casanello ya ordenó una nueva tanda de indagatorias, ampliando el cerco sobre los colaboradores de Calvete, incluyendo a su hija, Ornella Calvete, quien fue corrida de su cargo tras conocerse que le encontraron $700.000 dólares y chats comprometedores. La causa Andis está en pleno desarrollo, revelando un entramado complejo de corrupción donde la justicia busca determinar quién era la verdadera cabeza de la estructura de retornos en el sensible sector de las prestaciones para personas con discapacidad.