Los fondos demandantes de YPF insistieron en que el ministro Luis Caputo y otros funcionarios entreguen sus celulares. Buscan probar un “alter ego” entre el Estado y las empresas usando chats paralelos para asuntos oficiales. La defensa argentina alega que los dispositivos son propiedad privada y no están bajo su control.
En las últimas horas, el litigio que enfrenta a la República Argentina y a la petrolera YPF en los tribunales de Nueva York ha tomado un giro crucial. Los fondos de inversión Petersen y Eton Park, representados por el bufete Burford, han redoblado su presión judicial para que funcionarios clave del gobierno, incluidos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, entreguen sus dispositivos de comunicación personal.
La solicitud busca obtener evidencia que respalde la tesis de los demandantes sobre la existencia de un supuesto “alter ego” o confusión patrimonial entre el Estado nacional y sus empresas de participación pública, como YPF y ENARSA (la empresa estatal de gas).
Los querellantes sostienen que diversos representantes del gobierno argentino utilizan aplicaciones de mensajería privadas y correos electrónicos no oficiales para discutir asuntos de estado directamente con directivos de YPF y ENARSA. Con el fin de acceder a estos intercambios y utilizarlos como prueba, han solicitado la entrega de los teléfonos celulares.
Hasta el momento, los demandantes acusan que los funcionarios han aportado una cantidad mínima de información, entregando “sólo 200 páginas” de documentación. Cabe recordar que el estudio Burford adquirió los derechos de litigio del síndico español a cargo de la quiebra de Petersen, y cualquier acuerdo futuro con Argentina deberá contar con su aval.
Por su parte, la representación legal del Estado argentino insiste en que ha actuado conforme a la ley, garantizando su cooperación. Fuentes con acceso a la causa especulan que la insistencia de los demandantes evidencia “que se les va acabando el tiempo y están un poco nerviosos”.
La defensa argentina argumenta que, si bien han sido “muy colaborativos” y han hecho lo posible por obtener el consentimiento de 36 funcionarios y exfuncionarios, los dispositivos personales no están bajo el control directo del Estado, sino que son “propiedad privada de cada una de esas personas”. La defensa reitera que su actuación se mantiene dentro del marco legal permitido.
El calendario del proceso judicial establece una fecha límite crítica para el próximo 12 de diciembre. Ese día, la defensa de la Argentina debe presentar sus alegatos en la apelación relacionada con la posible entrega de las acciones de YPF. La próxima audiencia de seguimiento está programada para el 29 de enero. La representación legal de la República Argentina afirma que continuará cooperando, esperando una sentencia definitiva favorable y confiando en que el tribunal reconozca el amparo de la Constitución Nacional.
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