El Gobierno nacional nombró al contador posadeño, Rodrigo Martín Correa, como representante del Poder Ejecutivo en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate. La designación se publicó este viernes en el Decreto 873/2025 del Boletín Oficial, tras casi dos años de acefalía en el organismo regulador del sector.
El Gobierno Nacional, mediante la publicación del Decreto 873/2025 en el Boletín Oficial, formalizó la designación de Rodrigo Martín Correa como Representante del Poder Ejecutivo en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El nombramiento se produjo dos años y dos días después de que el instituto quedara sin conducción política, poniendo fin a la acefalía iniciada tras la renuncia de Juan José Szychowski en diciembre de 2023.
La designación del contador público posadeño es considerada la primera formal en la institución en casi dos años. El Decreto 873/2025 fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa establece que Correa ejercerá el cargo con carácter ad honorem, tal como lo exige la ley, y el Ejecutivo argumentó que el funcionario reúne las condiciones de idoneidad necesarias para la función.
El perfil de Correa, experto en contabilidad, tributación y gestión de equipos en el ámbito privado, generó debate en el sector agropecuario, ya que no cuenta con antecedentes en la economía yerbatera.
Es empresario de la carne y tiene vínculos con la actividad ganadera. Además, es militante de La Libertad Avanza (LLA) y se conoce su amistad con el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Javier Lanari.
Su misión principal será la de modernizar y reorganizar el organismo. Si bien su designación fue una buena noticia para quienes temían la desaparición del INYM, fuentes cercanas indicaron que su gestión se enfocará en la reestructuración administrativa, la promoción de la yerba mate en el mundo y el control de calidad, alineándose con la visión desreguladora de la administración.
La llegada de Correa se da en un contexto de profunda redefinición institucional. La administración nacional, mediante el Decreto 70/2023, derogó la potestad histórica del INYM de regular los precios de la hoja verde y la canchada, y de controlar las plantaciones para evitar la sobreoferta de materia prima. Estos cambios institucionales se profundizaron con el Decreto 812/25, que ratificó la orden de que el instituto no debe interferir en el libre mercado yerbatero.
Esta quita de facultades eliminó la capacidad de establecer precios de referencia semestrales basados en la matriz de costos, una herramienta que el sector había logrado con la Ley N° 25.564, hace más de dos décadas.
En la práctica, la acefalía permitió eludir los amparos judiciales que frenaban la desregulación, dejando al pequeño productor expuesto ante los grandes jugadores del mercado.
El impacto de estos cambios se reflejó en los datos del sector. Si bien las exportaciones crecieron 31,6% y el despacho al mercado interno un 6.09% en lo que va del año, la cosecha retrocedió.
Los yerbateros entregaron 101 millones de kilos de hoja verde menos que en 2024, lo cual marcó una caída del 12.11%. Estos productores, además, reciben precios bajos (en algunos casos $200 por kilo frente a un costo de $423) y sufren plazos de pago que se extienden hasta los 180 días.
Ante la designación, un sector de productores difundió una carta abierta exigiendo al nuevo representante medidas “desde el primer minuto” para ordenar la oferta y garantizar un precio sostén.
En paralelo, el Gobierno de Misiones realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atacando los alcances del Decreto 812/25. La provincia argumentó la necesidad de dar marcha atrás con la quita de facultades.
El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, sostuvo la defensa activa del productor y advirtió que la desregulación es el origen del retroceso institucional que enfrenta el Instituto.
La designación de Rodrigo Correa pone fin al vacío de poder que afectó la gobernanza del INYM durante casi dos años, pero su llegada se da en un escenario de fuerte debate sobre el rol estatal en la cadena yerbatera.
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