En una señal de fuerte respaldo político al desarrollo minero, los gobernadores de la Mesa del Litio —Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy)— mantuvieron un encuentro estratégico con la cúpula directiva de Rio Tinto, una de las compañías mineras más grandes del mundo.
La reunión contó con la presencia de Dominic Barton, presidente del Board de la firma, y Jérôme Pécresse, director ejecutivo de Aluminio y Litio, marcando la primera visita oficial de las máximas autoridades de la empresa a la Argentina.
El eje central del cónclave fue ratificar al Noroeste Argentino (NOA) como un polo global en la producción de minerales críticos para la transición energética.
Sin embargo, los mandatarios enfatizaron una condición clara: el desarrollo debe traducirse en beneficios locales tangibles, priorizando la generación de empleo, la infraestructura comunitaria y el estricto respeto a la licencia social y ambiental.
Inversiones y el impulso del RIGI
Durante la reunión se repasaron los hitos de la compañía en cada provincia. En Salta, el proyecto Rincón Lithium se posiciona como la inversión más grande del sector, con un desembolso proyectado de US$ 2.500 millones.
Este desarrollo cobró relevancia nacional al convertirse en el primero en ser aprobado bajo el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La planta tendrá una capacidad de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con producción plena estimada para 2028 y una vida útil de 40 años.
En Jujuy, los esfuerzos se concentran en el yacimiento Olaroz, clave para la industria de vehículos eléctricos. Actualmente cuenta con una capacidad instalada de 42.500 toneladas anuales y planes de expansión tecnológica.
Por su parte, en Catamarca, las autoridades de Rio Tinto reafirmaron su compromiso de continuidad en el Salar del Hombre Muerto, operación fortalecida tras la reciente adquisición de Arcadium Lithium.
El encuentro, del que también participaron ministros provinciales y directivos regionales de la firma, sirvió para alinear las prioridades de infraestructura pública con las necesidades productivas, consolidando una alianza público-privada vital para la economía del norte grande.