El Gobierno designaría a Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que tendrá poderes de seguridad ampliados. Este giro busca endurecer los controles fronterizos y revertir la política de apertura, enfocándose en la lucha contra la delincuencia transnacional.
El Poder Ejecutivo Nacional, bajo la dirección de Javier Milei, está impulsando una modificación sustancial en la manera en que Argentina administra su política migratoria. El objetivo central es revertir el esquema de “apertura indiscriminada” de las últimas décadas, buscando endurecer los controles de ingreso para contrarrestar la delincuencia de carácter transnacional.
Como figura principal para liderar este cambio, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, es el principal candidato a presidir la inminente Agencia Nacional de Migraciones. Valenzuela, un dirigente cercano a Patricia Bullrich, está a la espera de la firma presidencial que oficialice su nombramiento.
La reforma implica una transformación institucional: la antigua Dirección Nacional de Migraciones, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio del Interior y se centraba en trámites de ciudadanía y residencias, será elevada a una agencia con mayor autonomía y poder jurisdiccional.
Este rediseño traslada la cuestión migratoria de un perfil puramente administrativo a uno con marcado énfasis en la seguridad nacional y la prevención del delito. Esta reorientación quedó plasmada cuando el área fue transferida del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva, un movimiento que la Casa Rosada describe como parte de una “batalla cultural” que incluye reformas tributarias y laborales.
La elección de Diego Valenzuela, un político con experiencia territorial y alineado con el sector de Bullrich, consolida el peso de esa facción dentro del Gabinete en materia de seguridad interna y externa. Su nombramiento se percibe como una señal política clara para liderar la confrontación con el modelo anterior, conocido como el Plan Patria Grande del kirchnerismo, que promovía la regularización masiva y aplicaba fuertes restricciones a la expulsión de criminales extranjeros.
El nuevo paradigma busca establecer:
Controles fronterizos más rigurosos.
Criterios de admisión estrictos.
Capacidad estatal ágil para responder ante situaciones de riesgo.
El Gobierno es enfático al declarar: “No permitiremos el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen.”
La nueva agencia tendrá una impronta de seguridad y se espera que articule operativamente con las fuerzas federales. Un punto clave de la integración es la adscripción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El nuevo esquema busca integrar funciones y reducir el tiempo de respuesta, apuntando a un modelo donde el personal migratorio adquiera facultades de estado policial, similar a la tendencia en Estados Unidos y Europa.
El Ejecutivo reconoce que el giro argentino se alinea con una tendencia internacional de endurecimiento migratorio que ve la migración a través del prisma de la seguridad nacional, tal como lo impulsó el Department of Homeland Security en EE. UU.
Pese a que la decisión política está tomada, la designación de Valenzuela no será formalizada hasta que se cierren todos los detalles técnicos, incluyendo el organigrama y los mecanismos de coordinación interministerial, para evitar anuncios parciales sobre una materia considerada prioritaria.
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