Ante la convocatoria a movilización de la CGT a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral, el Gobierno Nacional confirmó que implementará el “protocolo antipiquetes” para garantizar la libre circulación. Funcionarios minimizan el impacto de la protesta sindical, asegurando que tendrá “cero influencia” en el debate parlamentario.
El inminente paro y movilización convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para oponerse a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional, se encuentra bajo la estricta vigilancia del Ministerio de Seguridad. Desde la Casa Rosada confirmaron que, a pesar de la envergadura de la protesta sindical, se aplicará sin excepciones el “protocolo antipiquetes”, la herramienta implementada al inicio de la gestión para garantizar el orden público y evitar el corte de calles.
La flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora venía ejerciendo la función de secretaria y fue clave en la implementación del protocolo, afronta su primer gran desafío directo en la calle. El mensaje oficial es de firmeza total: “No cambia nada, se aplicará el protocolo”, afirmaron fuentes del Ministerio. La estrategia consiste en mostrar una actitud inflexible ante cualquier intento de afectar el tránsito, aunque se busque evitar provocar al sindicalismo en la previa. Un funcionario incluso ironizó sobre la manifestación cegetista, sugiriendo que “por la vereda estará todo bien”.
El procedimiento implica un despliegue operativo para “encapsular a distintos grupos que llegan”, según explicó la propia ministra Monteoliva en declaraciones previas. La funcionaria recalcó que el objetivo es mantener el orden público, una política que “no se negocia”, y que se basa en el mismo protocolo que, según el Gobierno, “se aplica cada miércoles” en protestas menores frente al Congreso. Para el Ejecutivo, la clave es analizar la “VTV de las marchas” (la gente que se moviliza) para dimensionar su impacto real.
La CGT, tras participar en el Consejo de Mayo y mostrarse disconforme con el texto final del proyecto, decidió movilizarse, sumando el apoyo de las dos CTA y diversas agrupaciones de izquierda. El objetivo es manifestar un “ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, según expresó la conducción de la central. Los puntos más cuestionados de la reforma laboral incluyen la flexibilización en la contratación y el despido, la reducción del cálculo indemnizatorio al excluir ítems como el aguinaldo, y la limitación del ejercicio del derecho a huelga al ampliar las actividades consideradas esenciales.
A pesar de la masividad esperada para la movilización, el Gobierno Nacional minimiza rotundamente su influencia en el ámbito legislativo. “No va a cambiar nada en el Congreso” y “Influencia cero”, son las frases que se repiten entre altos funcionarios. El oficialismo confía en que, a pesar del escenario de paridad parlamentaria, la ley de “modernización” laboral será aprobada en el corto plazo. Con la aplicación del protocolo, la gestión de Milei busca establecer un precedente de control del espacio público que se anteponga a la capacidad de presión histórica de las centrales obreras.
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