El oficialismo introdujo modificaciones de último momento en el Proyecto de Presupuesto 2026 para derogar dos leyes claves votadas por amplias mayorías en el Congreso: la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Educativo. La movida judicializa y politiza dos áreas sensibles, con gremios y prestadores denunciando un intento de desfinanciamiento.
El debate por el Presupuesto 2026 sumó un foco de conflicto político y social de alto voltaje, luego de que el Gobierno Nacional incluyera artículos de última hora con el objetivo de derogar dos leyes de amplio consenso parlamentario. La decisión apunta a eliminar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo, lo que, según la oposición y los sectores afectados, busca desfinanciar áreas cruciales del Estado.
Ambas leyes, que habían sido votadas por amplias mayorías e incluso insistidas por el Congreso tras los vetos presidenciales iniciales, serían anuladas a través del artículo 75 del nuevo dictamen impulsado por el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta maniobra se da a pesar de que la ley de Emergencia en Discapacidad ya cuenta con un fallo judicial vigente (de la justicia federal de Campana) que obliga al Gobierno a implementarla con los fondos necesarios para que los prestadores recuperen lo perdido por el ajuste.
La intención de derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) es interpretada por los prestadores y activistas como un intento de destrucción del colectivo. La norma busca garantizar la continuidad de las prestaciones en un contexto de grave crisis del sector. Un prestador del sistema declaró que el Gobierno, acorralado por el fallo judicial, “solo quiere destruir al colectivo de la discapacidad”. A este intento se suma el artículo 77, que modifica la ley 13.478 para eliminar la posibilidad de otorgar una pensión a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En el plano educativo, la eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 27.795) vuelve a poner en pie de guerra a la comunidad universitaria. El Secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA, Emiliano Cagnacci, denunció que la medida “está llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”. Cagnacci criticó que el Ejecutivo no solo le da la espalda a leyes vigentes, sino que también sigue sin convocar a la discusión paritaria y decretó unilateralmente los aumentos para 2026, dejando a los gremios docentes fuera del debate.
Desde el peronismo ya anunciaron que rechazarán “totalmente” estas modificaciones y buscarán construir una mayoría en el Congreso para restaurar ambas leyes. La incógnita ahora se centra en la postura que tomarán los bloques de la oposición “amigable” y los aliados que, semanas atrás, habían votado las leyes que el Gobierno ahora intenta anular. La inclusión de estas derogaciones en la ley de leyes representa un recrudecimiento de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por el manejo de los fondos públicos en áreas sensibles.
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