La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una nueva ley de acuicultura que revierte la prohibición histórica y abre la provincia a la producción de salmón, trucha arco iris y mejillones. La medida, que generó un intenso debate ambiental, proyecta atraer inversiones de entre 550 y 600 millones de dólares.
Tierra del Fuego dio un paso decisivo en la redefinición de su matriz productiva al aprobar una nueva ley de acuicultura, un marco normativo que sustituye la prohibición total de la salmonicultura y busca potenciar la producción sustentable de organismos acuáticos. La normativa, sancionada con ocho votos a favor y siete en contra, no solo habilita el desarrollo del salmón (con fuertes restricciones), sino que abre el juego al crecimiento de mejillones, trucha arco iris y el cultivo experimental de otras especies, como la centolla o las algas.
El proyecto, que adopta criterios de la Ley Nacional de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola, eleva el límite de producción viable de 50 toneladas a proyectos de hasta 1000 toneladas. Detrás de esta decisión, se prevé el arribo de inversiones de hasta 600 millones de dólares, lo que colocaría a la provincia como un nuevo actor relevante en el mercado global. Para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida es un paso hacia la normalidad que permitirá a Tierra del Fuego desarrollar sus ventajas competitivas en gas, turismo y acuicultura.
No obstante, la ley fue aprobada en medio de un intenso debate ambiental. La normativa establece “condiciones irrenunciables de sustentabilidad” y prohíbe explícitamente la instalación de salmoneras en el Canal de Beagle y en todos los lagos y lagunas provinciales, buscando evitar los impactos ecológicos que sí se registraron en el modelo de producción masiva de Chile. Un pilar central de la nueva ley es la exigencia de priorizar tecnologías de recirculación cerrada que reutilizan hasta el 93% del agua y la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para cada emprendimiento.
Guillermo Abdala Bertiche, exdirector nacional de acuicultura y consultor del CFI, explicó que el modelo fueguino no busca competir en volumen con países como Chile o Noruega, sino posicionarse en un mercado de nicho de alta gama. La normativa está diseñada para garantizar el bienestar animal y la calidad ambiental a través de la implementación de densidades de cultivo bajas y una distribución ampliada de los mismos, evitando concentrar o sobredimensionar la producción.
La aprobación generó una respuesta inmediata de la oposición, que denuncia un retroceso ambiental. La senadora María Laura Colazo (Partido Verde) lamentó la derogación de la Ley 1355, que prohibía la actividad, y calificó la nueva norma como un “modelo contaminante” y socialmente excluyente. A pesar de la controversia, la ley crea el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola para investigación y establece la obligatoriedad de que un porcentaje de la producción se destine al consumo local, buscando un balance entre la inversión económica y la responsabilidad ambiental.
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