México y EE. UU. pactaron reforzar la inteligencia fronteriza para neutralizar ataques con drones criminales. La estrategia busca desmantelar las finanzas del narcotráfico y frenar el fentanilo, catalogado por Washington como arma de destrucción masiva, bajo un esquema de extradiciones aceleradas.
En un giro estratégico para la seguridad regional, las administraciones de Estados Unidos y México sellaron un pacto para neutralizar las agresiones ejecutadas con aeronaves no tripuladas en la zona limítrofe. Tras una cumbre de alto nivel en la capital mexicana, ambos gobiernos anunciaron la integración de sus sistemas de análisis y el robustecimiento del flujo de información táctica para prevenir ofensivas del crimen organizado.
Esta alianza surge en un contexto de máxima presión desde Washington. Recientemente, el presidente Donald Trump catalogó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, equiparando el impacto de este narcótico con el de un ataque bélico debido a la alarmante cifra de decesos por sobredosis en territorio estadounidense.
El Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) estableció como prioridad absoluta el desmantelamiento de las redes que sostienen el tráfico de sustancias sintéticas. Las medidas acordadas contemplan la ejecución de acciones contundentes contra entidades bancarias y cómplices que facilitan el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Asimismo, se pactó la aceleración de operativos para desarticular a los carteles, tras su reciente designación como grupos terroristas por parte de la Casa Blanca. Finalmente, se buscará agilizar los procesos de extradición y la confiscación de propiedades vinculadas a actividades ilícitas para asfixiar operativamente a las organizaciones criminales.
El riesgo país cayó a la zona de los 550 puntos básicos tras el anuncio de un plan oficial para fortalecer las reservas del Banco Central. La suba de los bonos en dólares y el superávit de fondos acumulado por el Tesoro permiten proyectar una vuelta al crédito internacional durante el mes de enero.
Diputados dio dictamen a la ley de Inocencia Fiscal, que eleva a $100 millones el piso para considerar delitos de evasión. El oficialismo busca incentivar el blanqueo de capitales y simplificar el sistema, mientras el peronismo impulsa un proyecto alternativo con ajustes basados en el salario mínimo.
El peronismo en el Senado se unificó bajo el nombre de interbloque Popular, liderado por José Mayans. Pese a sumar aliados de Santiago del Estero y el peronismo federal, el espacio registra su mínimo histórico de 28 bancas, condicionando su poder frente al Gobierno.
El gobernador Gustavo Sáenz renovó su gabinete en Salta tras las derrotas electorales contra el sector libertario. Con un esquema de Estado más reducido y funcionarios jóvenes con perfil territorial, el mandatario busca fortalecer su autonomía política y recuperar competitividad de cara al próximo ciclo electoral.
Los controladores aéreos iniciaron paros escalonados que afectarán los vuelos durante todo diciembre por reclamos salariales y despidos. Mientras el gremio denuncia falta de diálogo, la empresa estatal rechaza la protesta por perjudicar a miles de pasajeros en plenas fiestas.
El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2026 la deuda por coparticipación con la Ciudad, tras negociaciones críticas con el PRO. El pacto obliga a la Nación a cancelar los $350.000 millones adeudados, garantizando el apoyo de Jorge Macri en el Congreso.
Gobernadores de Unión por la Patria se reunieron para unificar un rechazo al Presupuesto 2026 y a las reformas laborales de Milei. Alertaron sobre la caída de los recursos coparticipables y buscarán aliados en el Congreso para conformar una mayoría federal opositora.
El Senado brasileño debate hoy una ley para reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 años a poco más de dos. La propuesta, impulsada por aliados conservadores, enfrenta fuertes críticas de Lula da Silva y movilizaciones sociales que exigen el cumplimiento íntegro de la condena por golpismo.
