La Inspección General de Justicia (IGJ) notificó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la extinta Superliga para que brinden explicaciones detalladas sobre sus estados contables.
El requerimiento del organismo estatal se centra en la justificación de activos y movimientos financieros que superan los USD 111.000.000 en la AFA y los USD 340.000.000 en la liga profesional. Según el comunicado oficial, la medida busca que la entidad presente documentos que respalden inversiones no previstas en sus estatutos sociales.
El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, fundamentó la medida en la necesidad de garantizar que todas las asociaciones civiles cumplan con los mismos estándares de transparencia.
El organismo advirtió que la falta de respuestas dentro de los plazos legales podría derivar en multas económicas directas para las instituciones y sus autoridades. Esta acción administrativa representa el paso más concreto del Poder Ejecutivo en el conflicto que mantiene con la conducción del fútbol argentino.
Irregularidades en la lupa oficial
El análisis técnico de la IGJ detectó inconsistencias en siete periodos contables, iniciados en 2017. Entre los puntos más críticos, el organismo señaló el uso de cuentas genéricas denominadas “Varios” u “Otros”, donde se asentaron sumas millonarias sin el debido detalle conceptual.
En el último ejercicio de 2023, la cuenta de créditos diversos alcanzó los $7.526 millones, cifra que el Gobierno calificó de desproporcionada.
Además, la autoridad de control exigió desagregar gastos por más de $58.000 millones. Este monto incluye partidas destinadas a las Selecciones Nacionales, el Colegio de Árbitros y tareas de gestión administrativa.
La falta de memorias anuales firmadas y la ausencia de inventarios analíticos en ejercicios previos también forman parte del pliego de observaciones que la dirigencia deportiva deberá subsanar para evitar sanciones.