El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2026 la deuda por coparticipación con la Ciudad, tras negociaciones críticas con el PRO. El pacto obliga a la Nación a cancelar los $350.000 millones adeudados, garantizando el apoyo de Jorge Macri en el Congreso.
Tras una jornada de intensas tratativas, el oficialismo nacional resolvió la controversia con el PRO y aceptó formalmente incorporar el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación al proyecto de ley de gastos para el próximo año. El consenso se alcanzó luego de que los legisladores alineados con Mauricio Macri expresaran su malestar al notar que el dictamen de mayoría, emitido originalmente por la Comisión de Presupuesto, omitía cualquier mención a la deuda acumulada con el distrito capitalino, que actualmente se estima en unos 350.000 millones de pesos.
La gestión para destrabar el conflicto recayó sobre Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla, quien mantuvo comunicaciones directas con Diego Santilli, representante del Poder Ejecutivo en estas discusiones. La presión ejercida por los diputados porteños fue determinante, ya que advirtieron que no acompañarían el proyecto en el recinto sin una garantía escrita que obligara a la Nación a regularizar los desembolsos ordenados previamente por la justicia.
La adenda que se integrará al texto definitivo faculta al Jefe de Gabinete para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias que permitan cumplir con los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Este conflicto tiene su génesis en el recorte de fondos aplicado en 2020, situación que derivó en una medida cautelar del máximo tribunal que fijó el coeficiente de la Ciudad en un 2,95 por ciento. Aunque la administración de Javier Milei había comenzado a abonar una parte de este porcentaje, desde el mes de agosto se interrumpieron las transferencias semanales adicionales, generando un bache financiero que crece a un ritmo de 20.000 millones de pesos cada siete días.
La resolución de este diferendo se produce en un escenario de extrema prudencia económica, donde el equipo liderado por Luis Caputo busca preservar el superávit financiero acumulado del 0,6 por ciento del Producto Bruto Interno. Mientras la Nación agiliza el envío de aportes discrecionales a gobernadores de provincias como Tucumán, Misiones y Chaco para asegurar gobernabilidad parlamentaria, la Ciudad de Buenos Aires exigía que sus acreencias no quedaran sujetas a la voluntad política del momento. Con esta cláusula de salvaguardia, el PRO garantiza que la obligación de pago sea una política de Estado plasmada en la Ley de Leyes, despejando el camino para la sesión legislativa de este miércoles.
Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de varias de las madres, expuso que la Justicia no los deja acceder al expediente para saber qué fármaco investigan.
Empresarios arrepentidos denunciaron en la Causa Cuadernos un sistema de extorsión y amenazas para adjudicar obra pública. Relataron pagos forzados en oficinas estatales y coacciones contra sus familias, mientras la fiscalía señaló a la cúpula del gobierno anterior como organizadora.
Patricia Bullrich y Axel Kicillof se enfrentaron por la reforma laboral, cruzando críticas sobre la informalidad y la justicia social. Mientras el oficialismo busca dictaminar este viernes, gobernadores peronistas denuncian que los cambios legales profundizarán el desfinanciamiento de las arcas provinciales.
Morales Solá critica el ascenso de Andrés Vázquez a la ARCA por sus vínculos con el espionaje y sus causas por evasión. Según el autor, su designación carece de “autoridad moral” y coincide con un arriesgado giro cambiario exigido por el FMI.
El oficialismo busca media sanción para el Presupuesto 2026 en Diputados, incluyendo recortes a universidades y al Hospital Garrahan. Para asegurar votos aliados, el Gobierno aceptó saldar la deuda por coparticipación con la Ciudad, cumpliendo con el fallo de la Corte.
El riesgo país cayó a la zona de los 550 puntos básicos tras el anuncio de un plan oficial para fortalecer las reservas del Banco Central. La suba de los bonos en dólares y el superávit de fondos acumulado por el Tesoro permiten proyectar una vuelta al crédito internacional durante el mes de enero.
Diputados dio dictamen a la ley de Inocencia Fiscal, que eleva a $100 millones el piso para considerar delitos de evasión. El oficialismo busca incentivar el blanqueo de capitales y simplificar el sistema, mientras el peronismo impulsa un proyecto alternativo con ajustes basados en el salario mínimo.
El peronismo en el Senado se unificó bajo el nombre de interbloque Popular, liderado por José Mayans. Pese a sumar aliados de Santiago del Estero y el peronismo federal, el espacio registra su mínimo histórico de 28 bancas, condicionando su poder frente al Gobierno.
