El Senado brasileño debate hoy una ley para reducir la pena de Jair Bolsonaro de 27 años a poco más de dos. La propuesta, impulsada por aliados conservadores, enfrenta fuertes críticas de Lula da Silva y movilizaciones sociales que exigen el cumplimiento íntegro de la condena por golpismo.
La Cámara Alta de Brasil inicia este miércoles un debate crucial que podría alterar el futuro judicial de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por su rol en el intento de golpe de Estado de 2022. El proyecto de ley, que ya obtuvo el visto bueno de los diputados la semana pasada, propone una reestructuración de las penas para delitos políticos que permitiría al exmandatario recuperar su libertad en poco más de dos años.
El clima político se encuentra en máxima tensión. Mientras la bancada conservadora defiende la medida como un acto de “pacificación nacional”, los sectores progresistas y diversos movimientos sociales han tomado las calles bajo la consigna “Sin amnistía”, calificando la iniciativa como un retroceso institucional.
La propuesta legislativa trasciende la figura del líder ultraderechista al plantear una reestructuración profunda que reduciría el tiempo de reclusión efectiva de Bolsonaro de ocho años a solo veintiocho meses. Esta normativa también funcionaría como un alivio procesal para más de un centenar de seguidores implicados en las revueltas contra las sedes gubernamentales de 2023, otorgándoles el beneficio de la libertad condicional. Ante este escenario, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido una postura inflexible, ratificando que los responsables de la conspiración deben cumplir sus condenas íntegramente y advirtiendo sobre un posible veto presidencial. No obstante, el Parlamento conserva la potestad constitucional de revertir dicha anulación si logra reunir la mayoría necesaria, lo que anticipa un conflicto de poderes en el cierre del año legislativo.
A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado presenta una composición menos favorable para el bolsonarismo. Legisladores de centro, como Alessandro Vieira, han alertado que el texto actual funciona como un “caballo de Troya” que podría favorecer colateralmente a la delincuencia común, por lo que exigen modificaciones profundas o el descarte total de la norma.
Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente y potencial candidato para las elecciones de 2026— ha mostrado disposición a negociar el articulado para evitar que el beneficio se extienda a criminales ajenos a la causa política. El tiempo es un factor crítico: si el Senado no ratifica el proyecto antes del receso del viernes, la discusión quedará congelada hasta el próximo año electoral.
Bolsonaro permanece recluido en una sede policial de Brasilia desde noviembre, tras un incidente en el que intentó destruir su tobillera electrónica mientras cumplía prisión domiciliaria. La justicia lo halló culpable de liderar una trama para asesinar al entonces presidente electo y subvertir el orden democrático.
Patricia Bullrich y Axel Kicillof se enfrentaron por la reforma laboral, cruzando críticas sobre la informalidad y la justicia social. Mientras el oficialismo busca dictaminar este viernes, gobernadores peronistas denuncian que los cambios legales profundizarán el desfinanciamiento de las arcas provinciales.
Morales Solá critica el ascenso de Andrés Vázquez a la ARCA por sus vínculos con el espionaje y sus causas por evasión. Según el autor, su designación carece de “autoridad moral” y coincide con un arriesgado giro cambiario exigido por el FMI.
El oficialismo busca media sanción para el Presupuesto 2026 en Diputados, incluyendo recortes a universidades y al Hospital Garrahan. Para asegurar votos aliados, el Gobierno aceptó saldar la deuda por coparticipación con la Ciudad, cumpliendo con el fallo de la Corte.
El riesgo país cayó a la zona de los 550 puntos básicos tras el anuncio de un plan oficial para fortalecer las reservas del Banco Central. La suba de los bonos en dólares y el superávit de fondos acumulado por el Tesoro permiten proyectar una vuelta al crédito internacional durante el mes de enero.
Diputados dio dictamen a la ley de Inocencia Fiscal, que eleva a $100 millones el piso para considerar delitos de evasión. El oficialismo busca incentivar el blanqueo de capitales y simplificar el sistema, mientras el peronismo impulsa un proyecto alternativo con ajustes basados en el salario mínimo.
El peronismo en el Senado se unificó bajo el nombre de interbloque Popular, liderado por José Mayans. Pese a sumar aliados de Santiago del Estero y el peronismo federal, el espacio registra su mínimo histórico de 28 bancas, condicionando su poder frente al Gobierno.
El gobernador Gustavo Sáenz renovó su gabinete en Salta tras las derrotas electorales contra el sector libertario. Con un esquema de Estado más reducido y funcionarios jóvenes con perfil territorial, el mandatario busca fortalecer su autonomía política y recuperar competitividad de cara al próximo ciclo electoral.
Los controladores aéreos iniciaron paros escalonados que afectarán los vuelos durante todo diciembre por reclamos salariales y despidos. Mientras el gremio denuncia falta de diálogo, la empresa estatal rechaza la protesta por perjudicar a miles de pasajeros en plenas fiestas.
