Venezuela rompió sus acuerdos de gas con Trinidad y Tobago, acusándola de “complicidad” con EE. UU. en la incautación de un buque petrolero. Caracas considera el hecho un acto de piratería y canceló todos los proyectos de explotación conjunta en el Caribe.
El Palacio de Miraflores anunció la interrupción total de sus convenios gasíferos con Trinidad y Tobago, tras acusar a la isla de cooperar con Estados Unidos en la captura de un navío petrolero. Para la administración de Nicolás Maduro, la participación de Puerto España en la incautación del buque Skipper —que transportaba casi dos millones de barriles de crudo— constituye un acto de “piratería” y una violación a la soberanía venezolana.
Como represalia inmediata, Caracas declaró la extinción de cualquier negociación o contrato derivado del Acuerdo Marco de Cooperación Energética. Esta decisión afecta proyectos estratégicos de infraestructura, como la explotación conjunta del yacimiento Campo Dragón, situado en aguas jurisdiccionales de Venezuela.
La relación bilateral ha sufrido un deterioro acelerado desde que Kamla Persad-Bissessar asumió el mando en mayo de 2025, lo que llevó al Gobierno venezolano a endurecer su retórica diplomática. La Vicepresidencia de Venezuela calificó al territorio trinitense como un “portaaviones” subordinado a Washington, acusando directamente a la mandataria de facilitar maniobras de vasallaje contra la soberanía de su país. Esta tensión se incrementó con la denuncia de Caracas sobre la autorización otorgada por Puerto España para que aviones de guerra estadounidenses operen logísticamente en sus terminales, en sintonía con el despliegue militar de Donald Trump en la zona. De esta manera, la anulación de los pactos energéticos termina por dinamitar una alianza de diez años que permitía a la isla negociar bajo excepciones a las sanciones norteamericanas.
La mecha del conflicto fue la confiscación del carguero Skipper el pasado 10 de diciembre. Según fuentes judiciales estadounidenses, el barco operaba con bandera falsa y tenía antecedentes vinculados al contrabando de hidrocarburos iraníes. Washington ha intensificado el monitoreo de la denominada “flota oscura” con la que Venezuela intenta evadir el bloqueo comercial, provocando que diversos buques alteren sus rutas de navegación en el Caribe para evitar capturas similares.
Mientras tanto, Trinidad y Tobago justifica su postura como parte de una cooperación bilateral estándar en seguridad con EE. UU., que incluye entrenamiento antinarcóticos y sistemas de radar avanzados, alejándose cada vez más de la órbita de influencia de su vecino continental.
El oficialismo busca media sanción para el Presupuesto 2026 en Diputados, incluyendo recortes a universidades y al Hospital Garrahan. Para asegurar votos aliados, el Gobierno aceptó saldar la deuda por coparticipación con la Ciudad, cumpliendo con el fallo de la Corte.
El riesgo país cayó a la zona de los 550 puntos básicos tras el anuncio de un plan oficial para fortalecer las reservas del Banco Central. La suba de los bonos en dólares y el superávit de fondos acumulado por el Tesoro permiten proyectar una vuelta al crédito internacional durante el mes de enero.
Diputados dio dictamen a la ley de Inocencia Fiscal, que eleva a $100 millones el piso para considerar delitos de evasión. El oficialismo busca incentivar el blanqueo de capitales y simplificar el sistema, mientras el peronismo impulsa un proyecto alternativo con ajustes basados en el salario mínimo.
El peronismo en el Senado se unificó bajo el nombre de interbloque Popular, liderado por José Mayans. Pese a sumar aliados de Santiago del Estero y el peronismo federal, el espacio registra su mínimo histórico de 28 bancas, condicionando su poder frente al Gobierno.
El gobernador Gustavo Sáenz renovó su gabinete en Salta tras las derrotas electorales contra el sector libertario. Con un esquema de Estado más reducido y funcionarios jóvenes con perfil territorial, el mandatario busca fortalecer su autonomía política y recuperar competitividad de cara al próximo ciclo electoral.
Los controladores aéreos iniciaron paros escalonados que afectarán los vuelos durante todo diciembre por reclamos salariales y despidos. Mientras el gremio denuncia falta de diálogo, la empresa estatal rechaza la protesta por perjudicar a miles de pasajeros en plenas fiestas.
El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2026 la deuda por coparticipación con la Ciudad, tras negociaciones críticas con el PRO. El pacto obliga a la Nación a cancelar los $350.000 millones adeudados, garantizando el apoyo de Jorge Macri en el Congreso.
Gobernadores de Unión por la Patria se reunieron para unificar un rechazo al Presupuesto 2026 y a las reformas laborales de Milei. Alertaron sobre la caída de los recursos coparticipables y buscarán aliados en el Congreso para conformar una mayoría federal opositora.
