La justicia autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza de su domicilio dos horas diarias, equiparando el beneficio al patio carcelario. No obstante, mantuvo la tobillera electrónica y restringió visitas tras considerar imprudente la difusión de reuniones políticas previas.
En un nuevo dictamen sobre el cumplimiento de la pena de seis años por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió ajustar las pautas de detención de la exmandataria en su residencia de la calle San José. Tras recibir el informe de supervisión trimestral, la justicia concedió a la interna un permiso de esparcimiento similar al que poseen los reclusos en centros penitenciarios, permitiéndole permanecer en la azotea de la propiedad por un lapso no mayor a 120 minutos diarios.
Esta modificación ocurre mientras la exjefa de Estado continúa bajo monitoreo de tobillera electrónica. Si bien se mantiene su libertad para circular por el balcón privado de su vivienda, la habilitación de la terraza del consorcio representa un cambio en la rutina de encierro. No obstante, el magistrado Jorge Gorini acompañó esta concesión con un endurecimiento en otros controles, reduciendo la nómina de personas con acceso libre al domicilio y exigiendo que ciertos profesionales y parientes justifiquen por escrito el motivo de cada encuentro.
El endurecimiento de las reglas de conducta surgió a partir de una reunión con economistas que la propia condenada difundió en plataformas digitales. Para el tribunal, exhibir encuentros de carácter político contradice la esencia del castigo penal y desnaturaliza el objetivo de la prisión domiciliaria. Por este motivo, se establecieron límites estrictos para cualquier reunión:
Capacidad y frecuencia: no pueden ingresar más de tres individuos de forma simultánea, con un tope de dos encuentros por semana.
Duración: las entrevistas están limitadas a un máximo de dos horas.
Autorización previa: salvo el círculo íntimo y legal básico, cada visita debe solicitarse con antelación, detallando horario y fundamento.
La defensa de la exvicepresidenta, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, calificó estas medidas como arbitrarias y carentes de base legal, asegurando que se genera un daño irreparable a los derechos de su asistida. Los letrados argumentaron que no se violó ninguna norma previa y que las reuniones anteriores habían sido aceptadas por el mismo tribunal sin cuestionamientos.
El próximo lunes 22, la Cámara de Casación Penal llevará a cabo una audiencia determinante. Los jueces de la Sala IV deberán decidir si ratifican las limitaciones impuestas por el TOF 2 o si dan lugar al reclamo de la defensa, que ya advirtió sobre la posibilidad de elevar el caso a tribunales internacionales de derechos humanos si no se revierten las condiciones actuales de detención por administración fraudulenta.
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