El fallecimiento de un soldado con licencia psiquiátrica en Mendoza se suma a los casos de Olivos y Corrientes. El Gobierno ordenó reforzar el acompañamiento psicológico y revisar los protocolos de detección temprana ante la crisis de salud mental en los cuarteles.
La muerte de Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario de 23 años hallado sin vida en su domicilio de Las Heras, Mendoza, ha expuesto una realidad alarmante dentro de las fuerzas de seguridad y defensa. Lima, quien prestaba servicios en el Liceo Militar General Espejo, se encontraba bajo licencia psiquiátrica desde hacía más de un mes, con renovaciones quincenales. El hecho, ocurrido el pasado jueves, representa el tercer suicidio en el ámbito militar en apenas siete días, tras los fallecimientos de un custodio en la Quinta de Olivos y un suboficial en Monte Caseros, Corrientes. Este patrón de tragedias ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa y en la Casa Rosada, obligando a una intervención directa sobre los mecanismos de control y contención del personal.
La respuesta oficial no se hizo esperar ante la gravedad de la secuencia. El ministro de Defensa, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, dispuso una medida inmediata de “contención digital y presencial”: se ordenó el envío de un video instructivo de especialistas a todo el personal civil y militar para brindar herramientas de gestión de crisis durante el fin de semana. No obstante, el fondo de la problemática es más complejo. Desde el entorno oficial admiten que factores como el endeudamiento personal, los salarios deprimidos y el estrés operativo están configurando un escenario de vulnerabilidad extrema. El caso de Mendoza es particularmente sensible, ya que el soldado estaba bajo seguimiento médico y, apenas horas antes de su muerte, había mantenido contacto con la oficial médica de su unidad, lo que pone bajo la lupa la efectividad de los actuales protocolos de monitoreo domiciliario.
Para el análisis reflexivo de la sociedad, estos hechos no pueden ser vistos como episodios aislados, sino como un síntoma de la degradación de las condiciones de vida de los uniformados. El presupuesto 2026, recientemente debatido, contempla una recomposición salarial que el Gobierno ahora busca acelerar para mitigar el impacto del factor económico en la salud mental de las tropas. La “sangría silenciosa” que atraviesan las fuerzas se manifiesta en una crisis de sentido que el Estado debe abordar con urgencia. La implementación de un convenio para la atención especializada y el refuerzo de los equipos interdisciplinarios en las guarniciones son pasos necesarios, pero la profundidad del trauma exige un pensamiento crítico sobre la cultura institucional de las fuerzas y el estigma que aún rodea a la solicitud de ayuda psicológica.
Finalmente, el destino de las investigaciones judiciales en Mendoza, San Isidro y Corrientes aportará claridad sobre las circunstancias particulares, pero la responsabilidad política ya está sobre la mesa. La Argentina se enfrenta al desafío de modernizar sus fuerzas no solo en armamento, sino en la preservación de su capital humano. Si el sistema de licencias y el acompañamiento profesional fallaron en contener a un soldado identificado como de riesgo, la revisión debe ser estructural y no meramente declarativa. La vida de quienes eligen la carrera de las armas no puede quedar sujeta a la soledad de una crisis económica o emocional; la protección de quienes nos protegen es, en última instancia, un pilar fundamental de la seguridad nacional.
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