La decisión de prorrogar el tratamiento busca extender las negociaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores. Ante la falta de consensos por los artículos más sensibles, el oficialismo evita un traspié legislativo y traslada la discusión al próximo período de sesiones.
En un giro táctico para evitar una derrota parlamentaria, el Gobierno nacional decidió postergar para febrero de 2026 el debate del proyecto de “Modernización Laboral” en el Senado. Tras intensas jornadas de discusión en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, la Casa Rosada reconoció que no contaba con los votos necesarios para asegurar un dictamen favorable sin introducir cambios que desvirtuaran el núcleo de la reforma. Esta maniobra parlamentaria busca ganar tiempo para profundizar las negociaciones con los sectores de la oposición “colaboracionista” y los mandatarios provinciales, quienes exigen mayores garantías sobre el impacto de la ley en las arcas de las obras sociales y el mantenimiento de ciertos convenios colectivos.
El principal escollo de la negociación reside en los artículos que proponen la flexibilización del régimen indemnizatorio y la limitación de la ultraactividad de los convenios. Mientras el Ejecutivo defiende estos puntos como esenciales para reducir el “costo laboral” y fomentar la contratación, varios bloques opositores advierten sobre la posible inconstitucionalidad de algunas medidas que podrían vulnerar el principio de progresividad. La postergación implica un respiro para el sindicalismo organizado, que había intensificado su plan de lucha con la movilización de ayer a Plaza de Mayo, pero también expone las dificultades del oficialismo para consolidar una mayoría estable en la Cámara Alta en temas de alta sensibilidad social.
La decisión de trasladar el debate a febrero también está ligada a la suerte del Presupuesto 2026. En los despachos de la Casa Rosada consideran que la prioridad absoluta para el cierre del año es contar con la “ley de leyes”, y que superponer ambos debates saturaba la capacidad de negociación política. Con este aplazamiento, el Gobierno intenta descomprimir la tensión en las calles y evitar que el conflicto laboral contamine la aprobación de las partidas fiscales. No obstante, esta prórroga deja en suspenso una de las promesas estructurales del programa económico, lo que genera incertidumbre en los sectores empresariales que esperaban una señal clara de cambio en las reglas del mercado de trabajo.
El escenario para el inicio de 2026 se perfila complejo. El oficialismo deberá utilizar el receso de enero para pulir un texto que logre equilibrar su ambición reformista con las demandas de los gobernadores, cuyos senadores tienen la llave de la mayoría. La postergación no significa una renuncia, sino un reordenamiento de prioridades en un Congreso donde cada coma del articulado es objeto de una puja de poder. La modernización laboral sigue siendo el eje del conflicto institucional, y el éxito o fracaso de las negociaciones de verano definirá si el Gobierno comienza el nuevo año con una victoria política o con la persistencia de un bloqueo legislativo que condicione el resto de su agenda.
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El Presidente encabezará una reunión de trabajo el próximo lunes en la residencia oficial. El encuentro, que incluirá un balance de gestión, servirá para delinear las prioridades legislativas y económicas tras la postergación de la reforma laboral.
La decisión de prorrogar el tratamiento busca extender las negociaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores. Ante la falta de consensos por los artículos más sensibles, el oficialismo evita un traspié legislativo y traslada la discusión al próximo período de sesiones.
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