El abogado Alejandro Henríquez y el líder José Pérez recibieron tres años de prisión excarcelable tras un proceso abreviado este miércoles. Los activistas, considerados presos de conciencia por la ONU, aceptaron cargos de resistencia para obtener su libertad condicional.
La justicia de El Salvador emitió este miércoles una sentencia condenatoria contra el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el dirigente comunitario José Ángel Pérez.
El Tribunal de Santa Tecla impuso una pena de tres años de prisión por los delitos de “resistencia agresiva” y “desorden público”. No obstante, debido a que la condena no superó el trienio, los señalados recibieron el beneficio de la libertad condicional.
Los hoy sentenciados permanecieron en detención desde mayo, tras participar en una manifestación en las proximidades de la residencia particular del presidente Nayib Bukele.
Durante dicha protesta, los activistas solicitaban la mediación del Poder Ejecutivo para detener el desalojo de una cooperativa campesina. Según denunciaron sus abogados defensores, los detenidos estuvieron incomunicados y con acceso restringido a asistencia legal.
La resolución judicial derivó de un “acuerdo” con la Fiscalía General de la República. Oswaldo Feusier, miembro del equipo de defensa, explicó que se optó por un proceso abreviado donde los acusados confesaron los hechos imputados. De acuerdo con el jurista, esta decisión respondió a la necesidad de asegurar la salida de prisión ante un sistema judicial que carece de garantías para un proceso justo.
Henríquez, quien integra el Foro del Agua, manifestó que no abandonará su labor en el acompañamiento a colectivos que enfrentan injusticias relacionadas con los recursos hídricos. A pesar de la libertad, la sentencia impone restricciones: los condenados no podrán participar en manifestaciones públicas.
Este caso generó el pronunciamiento de organismos internacionales. La ONU y Amnistía Internacional exigieron la anulación de los cargos, calificando a Henríquez y Pérez como “presos de conciencia”, denunciando la criminalización de la protesta social.
El escenario jurídico de El Salvador se encuentra bajo la lupa desde la implementación del régimen de excepción en 2022. Aunque la medida se diseñó contra las pandillas, organizaciones humanitarias señalan que se utiliza para procesar a voces críticas.
Actualmente, otros profesionales como la abogada Ruth López y el constitucionalista Enrique Anaya enfrentan procesos judiciales bajo acusaciones que sus defensores califican como políticas.
La resolución plantea una interrogante sobre el futuro de la disidencia organizada y los derechos humanos en el país.
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Juan Alberto Rodríguez, de 62 años, murió apuñalado por su hermano en Banda del Río Salí tras discutir la venta de una casa familiar. El agresor confesó el hecho y entregó el arma.
Biffle ganó 19 carreras en la Cup Series y acumuló 56 victorias en las tres principales divisiones de NASCAR.
La Justicia argentina resolvió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi pasarán Navidad con el futbolista en Buenos Aires. El juez priorizó la agenda del padre pese a reclamos de la madre. La conductora suspendió las grabaciones de su programa tras conocer el fallo judicial.
El Ejército colombiano reportó al menos siete soldados muertos y 32 heridos tras un asalto con explosivos y disparos al batallón de Aguachica, en el Cesar, la noche del jueves 18 de diciembre. El frente Camilo Torres del ELN reivindicó el golpe en medio de un paro armado nacional que paralizó vías clave.
Luisa Vicenta Caporalini, de 89 años, fue hallada maniatada en su vivienda de Almirante Brown. La policía capturó a un hombre de 30 años tras encontrar en su heladera los alimentos que habían sido robados a la víctima.
La Municipalidad de Maipú lanzó este jueves la campaña “Yo festejo sin pirotecnia” para desalentar su uso en las Fiestas de fin de año. El intendente Martín Zavatarelli encabezó el anuncio en el departamento mendocino, donde rige una ordenanza municipal desde 2014 que prohíbe estos artefactos.
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