Un tribunal del Guayas condenó a 11 soldados a 34 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro adolescentes en 2024. El fallo descartó la versión oficial de un operativo contra el robo y confirmó un crimen de Estado.
Un tribunal del Guayas condenó a 11 soldados a 34 años de prisión por la desaparición forzada de cuatro adolescentes en 2024. El fallo descartó la versión oficial de un operativo contra el robo y confirmó un crimen de Estado.
La mañana de este lunes, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas dictó una sentencia histórica en el denominado caso Malvinas. El juez ponente Jovanny Suárez ratificó la culpabilidad de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por la desaparición forzada de cuatro menores de edad, ocurrida en diciembre del año anterior.
La resolución judicial estableció penas máximas de 34 años y ocho meses para 11 de los procesados, mientras que otros cinco recibieron una condena reducida de 30 meses tras acogerse a la cooperación eficaz.
El magistrado sostuvo que la patrulla militar, bajo el mando del subteniente John Henry Z., interceptó a los jóvenes en el sur de Guayaquil sin reportar la detención a las autoridades civiles.
Según el fallo, los uniformados desviaron su ruta hacia una zona rural en Taura, donde los menores fueron golpeados y posteriormente hallados sin vida. La justicia determinó que existió un uso desproporcionado de la fuerza y una omisión deliberada de los protocolos de custodia.
Durante la audiencia de juzgamiento, el tribunal analizó las contradicciones entre los partes militares y las pruebas técnicas. Inicialmente, el Ministerio de Defensa justificó la acción como una respuesta ante un presunto robo; sin embargo, la Fiscalía demostró que no existieron evidencias para sustentar dicha hipótesis.
Los testimonios de los cooperadores eficaces revelaron que los soldados sometieron a las víctimas a agresiones físicas antes de abandonarlas en un sector desolado.
La sentencia también incluyó la ratificación de inocencia del teniente coronel Juan Francisco I., al no encontrarse pruebas de su participación directa o dominio funcional del hecho. Este aspecto de la resolución subraya la responsabilidad individual de la patrulla operativa sobre la jerarquía administrativa. Los jueces enfatizaron que el actuar coordinado de los 16 sentenciados impidió cualquier posibilidad de defensa para los adolescentes afrodescendientes.
Además de la privación de libertad, el tribunal ordenó medidas de reparación integral para las familias de Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda. Los sentenciados deberán pagar una multa de 800 salarios básicos y una indemnización individual de 10.000 dólares. El fallo exige también una ceremonia de desagravio en la base militar de Taura y la colocación de una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas.
La resolución judicial obliga a las instituciones estatales a realizar una rectificación pública bajo el título “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”. Con esta disposición, se busca limpiar el nombre de los menores, quienes fueron estigmatizados durante las primeras etapas de la investigación.
El caso permanece abierto a posibles recursos de apelación por parte de las defensas de los militares condenados.
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