La jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York suspendió la investigación de bienes de YPF este martes. Accedió al pedido de la petrolera mientras se resuelve una apelación. La medida frena solo esa rama del caso por la expropiación de 2012.
La jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictó una resolución favorable para YPF al suspender temporalmente el proceso de investigación de activos, conocido técnicamente como discovery.
La decisión de la magistrada respondió a un pedido de la compañía petrolera, que busca frenar la búsqueda de bienes destinados a eventuales embargos mientras se resuelve una apelación sobre su capacidad de representación legal independiente.
El conflicto surgió cuando Preska determinó que el Estado nacional ya representaba los intereses de la empresa en el juicio, impidiéndole una defensa autónoma. Ante esta situación, YPF apeló la medida.
Con el fallo reciente, la justicia estadounidense otorgó una pausa administrativa específicamente para los bienes de la petrolera, otorgando un margen de tiempo hasta que la cámara de apelaciones tome una determinación final sobre este punto procesal.
A pesar de este respiro para la compañía, la ofensiva legal del fondo Burford Capital continúa activa sobre otros frentes. El bufete inglés, que posee los derechos para litigar tras la expropiación ocurrida en 2012 durante la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner, mantiene vigente la búsqueda de activos en otras entidades. Entre los organismos afectados por esta investigación se encuentran el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El escenario judicial se encuadra en una sentencia de primera instancia que obliga a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, cifra que por intereses ya supera los USD 18.000 millones.
El especialista en la causa y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, explicó que esta nueva orden es administrativa y no altera la validez del reclamo principal, cuya resolución de apelación general se espera para la primera mitad de 2026.
En paralelo, los demandantes incrementaron la presión para obtener información privada de integrantes del Poder Ejecutivo. El tribunal estableció que el diez de enero debe existir un avance concreto en la entrega de comunicaciones, chats y correos electrónicos de funcionarios. Entre los nombres señalados por Burford Capital figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a quienes se les exige transparencia para demostrar el control estatal sobre las empresas públicas.
La pausa dictada por la justicia de Estados Unidos ofrece un alivio momentáneo al patrimonio directo de YPF, pero no despeja la incertidumbre sobre el resto de los activos soberanos.
Un violento impacto nocturno frente a la isla de Quíos dejó 15 fallecidos y 25 heridos, entre ellos once menores y dos embarazadas que perdieron sus fetos. La Guardia Costera sostiene que la embarcación privada colisionó contra su patrullero al intentar evadir una intercepción de seguridad.
Un menor de 6 años murió ahogado en una piscina de Pilar tras quedar sin supervisión adulta. La Justicia analiza si existió negligencia de los padres y si el predio contaba con las medidas de seguridad y cercos reglamentarios.
La “Academia” pierde a uno de sus jugadores más importantes, que continuará su carrera en Gremio de Brasil.
El Ministerio de Capital Humano frenó el paro de 24 horas de La Fraternidad por 15 días. Tras el fracaso en las paritarias, el gremio acató la medida oficial, garantizando la circulación normal del servicio ferroviario en todo el país.
La cantante, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, rechazó las acusaciones sobre apología de las drogas en su música. En una entrevista, analizó la desigualdad de género en la industria y la responsabilidad parental sobre el consumo de contenidos explícitos.
El informe anual de la organización Human Rights Watch advirtió sobre el deterioro institucional en Argentina durante 2025 tras registrar ataques a la prensa, intentos de evadir controles legislativos y un uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales frente al Congreso.
Tras 416 días de detención, el comerciante y su esposa recuperaron la libertad en Caracas. Habían sido acusados de terrorismo por recibir un sobre en su local. La medida se da en el marco de nuevas amnistías políticas.
Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
