El presidente de la Nación, Gustavo Petro Urrego, declaró el pasado lunes el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días. La decisión, oficializada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, facultó al mandatario para dictar decretos con fuerza de ley que establezcan gravámenes sin la aprobación previa del Congreso de la República.
Esta medida surgió como respuesta al hundimiento de la reforma tributaria en el legislativo, hecho que dejó un vacío fiscal de 16,3 billones de pesos para el año 2026. Según el Gobierno nacional, la disposición buscó conjurar una crisis fiscal inminente que pondría en riesgo la inversión pública y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Argumentos del Ejecutivo y nuevos tributos
El documento presidencial justificó la emergencia basándose en ocho causas concurrentes. Entre ellas, se destacó la necesidad de financiar el sistema de salud, atender las consecuencias de la ola invernal y garantizar la seguridad en el próximo proceso electoral.
El Ministerio de Hacienda informó que los recursos obtenidos se destinarán a cubrir sectores desprotegidos por la falta de aprobación de leyes de financiamiento.
Los nuevos impuestos estarán dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad económica. Asimismo, se contemplan tributos orientados a regular actividades con impacto en el medio ambiente y la salud pública.