Burford Capital solicitó declarar a Argentina en desacato por negarse a entregar comunicaciones privadas de funcionarios en el juicio por YPF. Pese a la tensión, la jueza Preska suspendió temporalmente la búsqueda de activos de la petrolera para posibles embargos.
El conflicto legal derivado de la nacionalización de la petrolera estatal suma un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales de Nueva York. Los acreedores, encabezados por el fondo británico Burford Capital, han notificado a la magistrada Loretta Preska su intención de solicitar una declaración de desacato contra el Estado argentino. La medida responde a la negativa del Gobierno de proporcionar registros de comunicaciones privadas, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto, pertenecientes a figuras clave de la administración pública actual y pasada.
El núcleo de la disputa radica en el proceso de intercambio de pruebas conocido como discovery. Los demandantes intentan demostrar que la República Argentina e YPF funcionan como una unidad indivisible, lo que permitiría ejecutar embargos sobre activos de la compañía para cobrar la millonaria sentencia.
Desde la defensa argentina se sostiene que, al tratarse de dispositivos y cuentas personales, el Estado carece de facultades para entregar dicha información sin el permiso explícito de los titulares. Trascendió que, mientras algunos funcionarios aceptaron el requerimiento, otros integrantes del gabinete económico habrían rechazado la entrega de sus conversaciones privadas, lo que motivó la amenaza de sanciones por parte de los litigantes.
En medio de la ofensiva de los demandantes, la jueza Preska dictó una resolución que otorga un respiro a la empresa energética. La magistrada decidió congelar temporalmente la búsqueda de bienes de YPF que pudieran ser objeto de confiscación, mientras se tramita una apelación presentada por la firma. La compañía argumenta que su defensa ha sido vulnerada al quedar supeditada a las estrategias legales del Estado nacional.
Pese a este freno en la investigación sobre los recursos de la petrolera, la justicia estadounidense aclaró que la recolección de información sobre otros activos pertenecientes al Estado nacional sigue su curso sin alteraciones. Las partes han propuesto un cronograma de presentaciones que se extenderá desde mediados de enero hasta marzo de 2026, fecha en la que se espera una definición sobre la moción de desacato y el acceso definitivo a las comunicaciones de los funcionarios.
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