El Poder Ejecutivo formalizó este lunes un cambio estructural en la política energética argentina al desplazar al Estado de su rol como inversor en infraestructura. A través de la normativa publicada en el Boletín Oficial, se estableció que las ampliaciones del sistema eléctrico se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública.
Este esquema traslada al sector privado la responsabilidad de financiar, construir y operar las nuevas líneas de alta tensión, eliminando el uso de recursos del Tesoro Nacional.
La Secretaría de Energía identificó 16 proyectos críticos que suman más de 5.600 kilómetros de tendido eléctrico. Estas obras resultan indispensables para conectar los centros de generación de energía con los grandes núcleos de consumo. Entre los planes más urgentes se encuentra el proyecto AMBA I, destinado a reforzar el suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 40 por ciento de la demanda eléctrica del país.
El nuevo esquema de inversión
La normativa delegó en la Secretaría de Energía la gestión de las licitaciones públicas nacionales e internacionales. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, funcionará como la autoridad de aplicación y control. El objetivo oficial es garantizar previsibilidad jurídica para atraer los 6.600 millones de dólares necesarios para modernizar el sistema.
Este movimiento se produce en un contexto de retiro estatal del mercado. Recientemente, el Ministerio de Economía inició la venta de acciones de Transener, la mayor transportadora de electricidad de Argentina. Asimismo, el Ejecutivo concretó la concesión de represas hidroeléctricas en la región del Comahue (Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados), lo que generó ingresos al Estado por más de 706 millones de dólares.