La magnitud del operativo, ejecutado por fuerzas federales en plena city porteña y zonas exclusivas del conurbano, responde a una investigación que rastrea el movimiento de divisas no declaradas y la simulación de operaciones de comercio exterior. Según fuentes judiciales, la sospecha central recae sobre el uso de la estructura de Sur Finanzas para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas, facilitando la fuga de capitales mediante mecanismos que vulneran los controles del Banco Central.
Los investigadores pusieron el foco en la conexión entre la financiera y diversos actores del sistema bancario tradicional, quienes habrían facilitado la apertura de cuentas y la validación de giros al exterior sin los debidos procesos de cumplimiento (compliance). Durante los procedimientos, se secuestró abundante documentación contable, dispositivos electrónicos y sumas millonarias en efectivo (pesos y dólares), elementos que serán clave para peritar la trazabilidad de los fondos y confirmar la identidad de los beneficiarios finales de estas maniobras.
Desde una perspectiva institucional, este caso pone en evidencia la persistencia de estructuras financieras paralelas que operan a la sombra de la regulación estatal. Para el inversor y el ahorrista, estos operativos actúan como una advertencia sobre los riesgos de operar en circuitos que carecen de transparencia. La justicia busca determinar si Sur Finanzas funcionaba como un “hub” de servicios financieros para sectores de la política y el sindicalismo, lo que elevaría la temperatura de una causa que ya se perfila como una de las más sensibles del cierre de año.
El impacto en el mercado no se hizo esperar: el clima de nerviosismo en la city porteña ante la posibilidad de nuevas detenciones ha paralizado parcialmente la actividad de diversas mesas de dinero. Para la administración judicial, el desafío radica en procesar la enorme cantidad de información digital obtenida para desentramar una matriz de corrupción privada que, según los indicios, posee ramificaciones internacionales. La transparencia del sistema financiero argentino vuelve a estar bajo examen en un proceso donde la celeridad de Servini será determinante.
La resolución de estas diligencias podría derivar en el bloqueo preventivo de cuentas y la suspensión de licencias para operar en cambios de varias de las entidades involucradas. Mientras la causa permanece bajo secreto de sumario en puntos específicos, la ruta del dinero parece conducir a una compleja red de sociedades offshore que servían de destino final para los activos desviados. Este golpe a la “banca de las sombras” marca un precedente en la persecución de delitos económicos complejos en el país.