El senador José María Carambia propuso que médicos extranjeros paguen cuotas por sus residencias, destinando esos fondos a mejorar los salarios de profesionales nacionales. La iniciativa también exige distribuirlos federalmente para equilibrar la atención sanitaria en todo el territorio argentino.
En un movimiento que busca reformular el financiamiento del sistema sanitario, el senador santacruceño José María Carambia ha impulsado un proyecto de ley para arancelar la formación de posgrado de profesionales de la salud provenientes del exterior. La iniciativa no solo contempla el cobro de una matrícula diferenciada, sino que también establece un mecanismo de distribución territorial obligatoria para garantizar que estos residentes presten servicios en zonas con déficit de personal médico.
El núcleo del proyecto busca transformar la Ley 22.127 para segmentar el acceso a los recursos públicos destinados a la formación médica. Bajo el esquema actual, el Estado financia por igual a todos los profesionales, pero la nueva normativa propone que el beneficio de la beca remunerada sea un derecho exclusivo de los médicos argentinos, ya sean nativos, naturalizados o por opción. Para los profesionales extranjeros, el acceso a las vacantes de residencia dejaría de ser subsidiado y pasaría a estar sujeto al pago de un arancel anual que el sistema determine.
Esta recaudación tendría un destino específico: los fondos obtenidos por las cuotas de extranjeros se utilizarían para incrementar de forma directa los ingresos de los residentes nacionales, buscando compensar su esfuerzo con una remuneración más competitiva. Asimismo, la propuesta introduce una cláusula de movilidad obligatoria, otorgando al organismo de conducción la facultad de asignar el destino de los profesionales extranjeros según criterios de equidad territorial. Con esto se pretende evitar la saturación de médicos en las grandes metrópolis y garantizar que el recurso humano sea distribuido hacia centros de salud periféricos o provincias con necesidades críticas de atención.
Carambia sostiene que el esquema vigente genera una “carga injusta” para el erario público, al subsidiar íntegramente la capacitación de profesionales que, en muchos casos, no ejercen de forma permanente en Argentina. Según los fundamentos del proyecto, esta reforma permitiría que la inversión pública sea más eficiente, mejorando las condiciones laborales de los médicos locales y fortaleciendo la red sanitaria en las provincias más postergadas.
A pesar de que la iniciativa introduce una diferenciación económica, el senador argumenta que su propuesta es constitucional y no vulnera el derecho de los extranjeros, sino que lo organiza bajo un régimen financiero diferenciado por razones de interés nacional. Este debate surge en un clima de alta sensibilidad política tras el reciente conflicto por la emergencia pediátrica y las protestas en instituciones como el Hospital Garrahan.
Dado que el calendario de sesiones extraordinarias ya está definido, el tratamiento de este proyecto en comisiones quedará supeditado a su inclusión por parte del Ejecutivo o, en su defecto, deberá aguardar hasta el inicio del periodo ordinario el 1 de marzo. La propuesta promete generar un intenso debate sobre el acceso a la educación pública y la gestión de los recursos humanos en salud.
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