Conflicto en el Garrahan: vía judicial ante el recorte de vacantes en el jardín maternal

El sindicato del Hospital Garrahan judicializará la exclusión de 45 niños de su jardín maternal, denunciando que el recorte docente viola la ley laboral. La comunidad profesional exige el restablecimiento del servicio, afectado por el ajuste presupuestario de la intervención.

Hospital Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ha decidido trasladar a los tribunales la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan tras la desvinculación forzada de 45 infantes de su jardín maternal interno. La entidad gremial denunció que, desde finales de diciembre, decenas de familias que integran el personal sanitario se encuentran sin servicio de guardería para sus hijos menores de tres años. Según los representantes sindicales, esta medida responde a una decisión de la intervención oficial de no renovar ni contratar al personal docente necesario para el ciclo lectivo de 2026, amparándose en la necesidad de reducir gastos operativos en la institución.

El conflicto apunta directamente a la actual conducción del centro pediátrico, señalando un presunto incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo. El sindicato sostiene que, al contar con una planta de casi 5.000 empleados, el hospital tiene la obligación legal de garantizar espacios de cuidado para los hijos de sus trabajadores. La falta de cupos en las salas de dos años es vista por el gremio como una vulneración de derechos adquiridos y una barrera que afecta principalmente a las mujeres del hospital, quienes ven comprometida su capacidad de cumplir con sus tareas ante la ausencia de este soporte fundamental.

Frente a lo que consideran un silencio administrativo por parte de las autoridades, los trabajadores formalizarán este viernes la presentación de un recurso de amparo para exigir la restitución inmediata del servicio. En una convocatoria conjunta con otros sectores sindicales, los profesionales expondrán los detalles técnicos de la demanda y alertarán sobre las consecuencias de aplicar políticas de ajuste fiscal en áreas críticas de bienestar laboral. El gremio asegura haber agotado los canales de diálogo previo, por lo que la judicialización aparece ahora como la única herramienta para frenar lo que denominan una “expulsión anticipada” de los menores del establecimiento educativo “Quiero Mimos”.

Esta disputa se inserta en un clima de tensión permanente dentro del Garrahan, cuya estructura financiera depende mayoritariamente de los fondos destinados por el Gobierno Nacional. La sospecha de los delegados es que la vacante de cargos docentes no cubiertos por licencias o renuncias es utilizada como un mecanismo encubierto para achicar la planta estatal. De no obtener una respuesta favorable en los estrados judiciales o en la mesa de negociaciones, los trabajadores no descartan profundizar las medidas de fuerza, incluyendo posibles movilizaciones que podrían afectar el funcionamiento normal de uno de los pilares de la salud pública argentina en 2026.

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