El Poder Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de contención parlamentaria tras la firma del decreto 941/25, que altera profundamente el sistema de inteligencia nacional. La normativa, lanzada sobre el cierre del calendario pasado, centraliza funciones y otorga facultades polémicas, como la capacidad de realizar detenciones bajo criterios específicos. Ante la embestida de sectores opositores que exigen la nulidad del texto por falta de urgencia, la administración de La Libertad Avanza apuesta a una maniobra dilatoria: postergar la creación de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo hasta el inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
Esta táctica busca agotar los plazos legales para que la oposición se vea obligada a esperar hasta finales de enero antes de intentar llevar el debate al recinto. Al no estar constituidos los cuerpos de trabajo encargados de emitir dictamen, el oficialismo gana tiempo precioso para negociar con los gobernadores y las bancadas intermedias. La meta es clara: evitar que ambas Cámaras coincidan en un rechazo simultáneo, ya que con sostener la validez en solo uno de los cuerpos legislativos —siguiendo el modelo del DNU 70/23— la reforma de los servicios secretos permanecería vigente.
En la Cámara de Diputados, los bloques de Fuerza Patria y la Coalición Cívica intentan agrupar voluntades para alcanzar el quórum de 129 legisladores. Aunque el peronismo y los partidos provinciales reúnen un núcleo duro cercano a las 120 bancas, la llave del conflicto vuelve a estar en manos de la Unión Cívica Radical y el PRO. Mientras que el partido amarillo ya manifestó una adhesión condicionada a conocer los protocolos operativos, el radicalismo mantiene una cautela estratégica, supeditada a los acuerdos que la Casa Rosada cerró recientemente con los mandatarios provinciales por el Presupuesto 2026.
La disputa técnica se trasladará también a la interpretación del reglamento durante el receso de verano. Mientras el Gobierno sostiene que no se pueden tratar temas ajenos al temario de sesiones extraordinarias enviado por el Presidente, los constitucionalistas opositores argumentan que el control de los decretos es una obligación institucional permanente que no depende de la agenda del Ejecutivo. En este escenario de paridad, la resolución de la controversia quedará en manos de la capacidad de cada espacio para imponer su mayoría en el recinto, un terreno donde los libertarios hoy ven condiciones favorables, especialmente en el Senado.