Bukele apoya construcción de megacárcel en Costa Rica

El presidente salvadoreño colocó la primera piedra de una cárcel de máxima seguridad inspirada en su modelo contra pandillas, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones advierte contra injerencias políticas ante comicios del 1 de febrero.

El proyecto de seguridad surge en un contexto donde el país registra cerca de 900 homicidios anuales. Foto: Redes Sociales.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, formalizaron este miércoles el inicio de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO). El proyecto, ubicado en San Rafael de Alajuela, representa una inversión de 16.774 millones de colones y busca segregar a los privados de libertad vinculados a estructuras transnacionales y delitos de alta peligrosidad.

Durante el acto oficial en los terrenos aledaños al complejo La Reforma, el mandatario salvadoreño advirtió sobre la evolución de la delincuencia organizada, a la cual comparó con una enfermedad silenciosa que destruye las instituciones.

Bukele enfatizó que, aunque Costa Rica enfrenta un escenario distinto al que vivió El Salvador antes de sus políticas de seguridad, el crecimiento de los índices de violencia requiere acciones preventivas para evitar que los grupos criminales se conviertan en un poder paralelo al Estado.

La nueva infraestructura penitenciaria contará con cinco módulos diseñados para albergar a 1.020 internos cada uno. El diseño técnico contempla celdas de aislamiento y puestos de control interno. Según el cronograma presentado por el Gobierno, las obras deberían concluir durante el segundo semestre de 2026, integrándose al sistema penitenciario nacional bajo un régimen de máxima vigilancia.

Por su parte, el presidente Chaves utilizó su intervención para señalar lo que considera vacíos en el marco jurídico vigente. El mandatario costarricense afirmó que el centro penal podría quedar inutilizado si la Asamblea Legislativa no aprueba una serie de reformas legales para endurecer las penas y los procesos contra el crimen organizado. Chaves calificó el sistema penal actual como complaciente con la delincuencia y exigió una acción conjunta de los tres poderes de la República.

Esta actividad oficial se produce en un clima de tensión política, marcado por la proximidad de las elecciones del 1 de febrero. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene una vigilancia estricta sobre las declaraciones de ambos líderes para garantizar la neutralidad del proceso democrático.

La puesta en marcha del CACCO plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para financiar y operar una infraestructura de esta magnitud en el corto plazo. El debate se traslada ahora hacia la viabilidad de las reformas legales exigidas por el Ejecutivo y el impacto real que tendrá este modelo en la reducción de los homicidios, que el año pasado alcanzaron la cifra récord de 873 casos.

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