La represión en Irán alcanza niveles atroces con el uso de ametralladoras contra civiles y bloqueos informáticos. Mientras familias denuncian cobros por recuperar cadáveres, activistas estiman miles de decesos, superando registros históricos de violencia bajo un estado de sitio absoluto.
Testimonios desgarradores obtenidos a través del exilio en España exponen una realidad de exterminio en las calles de Irán, donde la represión ha escalado al uso de armamento bélico contra civiles. Según relatos de activistas y allegados a las víctimas, las fuerzas del orden ejecutan operativos nocturnos que incluyen el corte deliberado del suministro eléctrico para facilitar disparos indiscriminados con ametralladoras. Los cadáveres son posteriormente retirados en convoyes oficiales, mientras las familias enfrentan la humillación de pagar elevadas sumas de dinero, descritas como el “costo de la munición”, para recuperar los restos de sus seres queridos en un país asfixiado por el bloqueo de comunicaciones y la escasez de suministros básicos.
La magnitud de la tragedia sugiere una cifra de fallecidos que podría superar los 12,000 solo en la capital, Teherán, una estadística que pulveriza los registros de masacres previas del régimen. Imágenes filtradas de depósitos de cadáveres muestran hileras de bolsas identificadas con números que evidencian un desbordamiento de las morgues. Mientras tanto, la población vive bajo un estado de sitio permanente, donde simples desplazamientos para adquirir medicinas o alimentos terminan en arrestos arbitrarios y torturas. La parálisis comercial es casi total y el temor a ejecuciones masivas e inmediatas crece, mientras la comunidad internacional debate posibles respuestas militares ante lo que se perfila como una crisis humanitaria de proporciones históricas.
Un violento impacto nocturno frente a la isla de Quíos dejó 15 fallecidos y 25 heridos, entre ellos once menores y dos embarazadas que perdieron sus fetos. La Guardia Costera sostiene que la embarcación privada colisionó contra su patrullero al intentar evadir una intercepción de seguridad.
Un menor de 6 años murió ahogado en una piscina de Pilar tras quedar sin supervisión adulta. La Justicia analiza si existió negligencia de los padres y si el predio contaba con las medidas de seguridad y cercos reglamentarios.
La “Academia” pierde a uno de sus jugadores más importantes, que continuará su carrera en Gremio de Brasil.
El Ministerio de Capital Humano frenó el paro de 24 horas de La Fraternidad por 15 días. Tras el fracaso en las paritarias, el gremio acató la medida oficial, garantizando la circulación normal del servicio ferroviario en todo el país.
La cantante, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, rechazó las acusaciones sobre apología de las drogas en su música. En una entrevista, analizó la desigualdad de género en la industria y la responsabilidad parental sobre el consumo de contenidos explícitos.
El informe anual de la organización Human Rights Watch advirtió sobre el deterioro institucional en Argentina durante 2025 tras registrar ataques a la prensa, intentos de evadir controles legislativos y un uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales frente al Congreso.
Tras 416 días de detención, el comerciante y su esposa recuperaron la libertad en Caracas. Habían sido acusados de terrorismo por recibir un sobre en su local. La medida se da en el marco de nuevas amnistías políticas.
Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
