El Gobierno lanzará este trimestre la privatización de AySA, vendiendo hasta el 90% de sus acciones a un operador estratégico. Tras ajustar tarifas y normativas de corte por falta de pago, la licitación busca transferir el servicio a capitales privados.
La administración liderada por Javier Milei se prepara para dar inicio formal al programa de privatizaciones previsto en la legislación vigente. Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, el pliego para la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se encuentra en su etapa final de redacción y su publicación en el Boletín Oficial es inminente, estimándose que el proceso arrancará antes de que concluya el primer trimestre de este año. La compañía, actualmente dirigida por Alejo Maxit, encabeza una lista de empresas estatales sujetas a privatización que también incluye al Belgrano Cargas y a Corredores Viales.
El esquema diseñado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) contempla la transferencia del control operativo a un “operador estratégico”. Para ello, el Estado pondrá a la venta una porción que oscilará entre el 51% y el 90% del capital social de la firma. El 10% restante permanecerá bajo el Programa de Propiedad Participada en manos de sus empleados. Se espera que las acciones que no sean adquiridas de forma directa por el adjudicatario mayoritario sean colocadas posteriormente en el mercado bursátil para su libre comercialización.
El Gobierno ha flexibilizado las condiciones de participación, permitiendo que no solo empresas especializadas en saneamiento compitan en la subasta, sino cualquier consorcio con trayectoria probada en la prestación de servicios públicos. Una de las entidades que ha mostrado interés previo es la brasileña SABESP. Una vez concretada la venta, la regulación tarifaria y la calidad de la prestación quedarán bajo la órbita del ERAS, mientras que la planificación de las obras de infraestructura y expansión será supervisada por la APLA.
Con el fin de incrementar el atractivo de la empresa para los capitales privados, el Estado implementó un “Plan de Acción de Transición” que incluyó inversiones en infraestructura y un ajuste en los cuadros tarifarios. Asimismo, a través de decretos recientes, se modificó el marco regulatorio para dotar a la futura concesionaria de mayores atribuciones comerciales, entre las que destaca la potestad de interrumpir el suministro ante el incumplimiento de los pagos por parte de los usuarios. Actualmente, AySA garantiza el servicio a una población superior a los 11 millones de habitantes en la Capital Federal y 26 distritos del conurbano bonaerense.
Un violento impacto nocturno frente a la isla de Quíos dejó 15 fallecidos y 25 heridos, entre ellos once menores y dos embarazadas que perdieron sus fetos. La Guardia Costera sostiene que la embarcación privada colisionó contra su patrullero al intentar evadir una intercepción de seguridad.
Un menor de 6 años murió ahogado en una piscina de Pilar tras quedar sin supervisión adulta. La Justicia analiza si existió negligencia de los padres y si el predio contaba con las medidas de seguridad y cercos reglamentarios.
La “Academia” pierde a uno de sus jugadores más importantes, que continuará su carrera en Gremio de Brasil.
El Ministerio de Capital Humano frenó el paro de 24 horas de La Fraternidad por 15 días. Tras el fracaso en las paritarias, el gremio acató la medida oficial, garantizando la circulación normal del servicio ferroviario en todo el país.
La cantante, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, rechazó las acusaciones sobre apología de las drogas en su música. En una entrevista, analizó la desigualdad de género en la industria y la responsabilidad parental sobre el consumo de contenidos explícitos.
El informe anual de la organización Human Rights Watch advirtió sobre el deterioro institucional en Argentina durante 2025 tras registrar ataques a la prensa, intentos de evadir controles legislativos y un uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales frente al Congreso.
Tras 416 días de detención, el comerciante y su esposa recuperaron la libertad en Caracas. Habían sido acusados de terrorismo por recibir un sobre en su local. La medida se da en el marco de nuevas amnistías políticas.
Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
