El Poder Ejecutivo nacional aprobó un préstamo de USD 400 millones con la CAF. El programa buscará optimizar los subsidios y fortalecer el marco institucional tras los masivos cortes de suministro eléctrico registrados durante las últimas semanas.
El Poder Ejecutivo nacional aprobó un préstamo de USD 400 millones con la CAF. El programa buscará optimizar los subsidios y fortalecer el marco institucional tras los masivos cortes de suministro eléctrico registrados durante las últimas semanas.
A través del Decreto 23/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó un acuerdo de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El crédito se instrumentará mediante un programa de apoyo sectorial destinado a mejorar la sostenibilidad del sector eléctrico y la eficiencia en el gasto público.
La ejecución del proyecto estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, dependiente del Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo. Según el contrato, los fondos no se destinarán a obras de infraestructura puntuales, sino al apoyo presupuestario vinculado a reformas en el esquema de subsidios y al fortalecimiento institucional del área.
El programa se estructuró en cuatro componentes fundamentales. El primero se centró en robustecer el marco regulatorio y la capacidad de gestión del sector. El segundo punto, clave para la política fiscal, apuntó a mejorar la focalización de los beneficios tarifarios para proteger a los hogares vulnerables y reducir las transferencias generalizadas.
Asimismo, el acuerdo contempló la promoción de un consumo responsable de los recursos y la actualización de los mecanismos de identificación de beneficiarios. La Oficina Nacional de Crédito Público destacó que el costo financiero de esta operación resultó inferior a las tasas vigentes en el mercado, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) consideró que su impacto en la balanza de pagos será limitado.
La aprobación de este crédito ocurrió en un escenario de alta tensión para el sistema eléctrico. Durante el inicio del año, cerca de 990.000 usuarios de las empresas Edenor y Edesur sufrieron cortes de luz. La situación se agravó el 15 de enero, cuando una falla en la Subestación Morón dejó a 800.000 hogares sin suministro bajo temperaturas que rozaron los 40 grados.
Los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) revelaron disparidades críticas en la prestación del último semestre. Mientras Edenor se mantuvo dentro de los parámetros permitidos, Edesur registró un promedio de 4,12 cortes por usuario, cifra que duplicó el límite regulatorio. Además, la duración de las interrupciones en esta última empresa promedió las 7,37 horas, excediendo el objetivo oficial.
Este desembolso se sumó a los USD 300 millones invertidos en diciembre por la Corporación Financiera Internacional para optimizar la generación eléctrica. En paralelo, el Gobierno mantuvo vigente el Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, el cual proyectó una inversión superior a los USD 6.600 millones para resolver los cuellos de botella que afectaron la distribución hacia los grandes centros de consumo.
La llegada de estos fondos planteó el interrogante sobre la celeridad con la que el fortalecimiento institucional podrá traducirse en una mejora tangible para el usuario final. ¿Será el ordenamiento administrativo suficiente para mitigar los problemas estructurales de una red que operó al límite de su capacidad?
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