En un operativo masivo desde el penal del Altiplano, el Gobierno federal extraditó a objetivos prioritarios de diversos cárteles. La acción coordinada busca desarticular estructuras delictivas y responde a mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos.
Durante la madrugada de este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutó el traslado de 37 reclusos vinculados a organizaciones de narcotráfico hacia distintas ciudades de Estados Unidos.
El operativo, apoyado por siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, partió desde el Aeropuerto Internacional de Toluca tras una movilización terrestre que mantuvo sitiado el centro penitenciario de máxima seguridad “El Altiplano”.
El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, confirmó que estas entregas se realizaron bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional y con el compromiso formal de que los procesados no enfrentarán la pena de muerte. Con este movimiento, la cifra de presuntos criminales de alto impacto enviados al país vecino asciende a 92 en lo que va de la administración actual.
Dentro del grupo de extraditados figuran nombres clave para la inteligencia binacional. Entre ellos destaca Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, señalado como líder regional del Cártel del Noreste con operaciones en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. González Sauceda era buscado por su presunta responsabilidad en ataques contra fuerzas militares y sedes diplomáticas en la zona fronteriza.
Asimismo, se concretó la entrega de Armando Gómez Núñez, conocido como “Delta 1” y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este individuo, quien anteriormente logró evadir a la justicia tras recibir beneficios de prisión domiciliaria, es identificado como coordinador de células de sicarios y tráfico de drogas sintéticas.
Paralelamente, Pedro Inzunza Noriega, figura relevante en la estructura de los Beltrán Leyva, fue enviado para enfrentar cargos por la gestión de suministros de cocaína a gran escala.
La lista de los trasladados incluye también a Abraham Oseguera Cervantes y operadores logísticos como Juan Pablo Bastidas Erenas y Daniel Alfredo Blanco Joo. Según las autoridades federales, la salida de estos perfiles del sistema penitenciario mexicano pretende reducir la capacidad de mando de las organizaciones criminales y mitigar los niveles de violencia en territorio nacional.
El despliegue de seguridad, que involucró a elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, respondió a una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense.
Mientras las aeronaves aterrizaban en sedes como Houston, San Antonio y Nueva York, los equipos legales de los detenidos reportaron dificultades para acceder al penal debido al cerco militar implementado durante la operación.
Este movimiento refuerza la estrategia de colaboración bilateral en un momento de especial atención política en la frontera norte. La efectividad de estas extradiciones masivas plantea la interrogante de si la ausencia de estos mandos logrará una pacificación real o si provocará nuevas pugnas internas por el control de los grupos delictivos en México.
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