El Gobierno nacional estudia el pedido de las provincias patagónicas para declarar la emergencia ígnea tras la pérdida de 230.000 hectáreas. La Casa Rosada analiza incluir el tema en sesiones extraordinarias para facilitar la reasignación de fondos y recursos operativos.
Ante el avance del fuego que ya ha devastado unas 230.000 hectáreas en la zona patagónica, la administración central analiza la factibilidad de incluir la Ley de Emergencia Ígnea en el cronograma de sesiones extraordinarias. Si bien desde el entorno presidencial admiten que aún no cuentan con una auditoría detallada del proyecto enviado por los mandatarios provinciales, existe una predisposición a tratarlo siempre que la norma guarde coherencia con la política de gasto público nacional. La definición final se espera para las próximas horas, una vez que la cúpula gubernamental retorne de sus actividades en la costa.
La iniciativa cuenta con el respaldo unánime de los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa, quienes presentaron la solicitud formal ante el ministro del Interior, Diego Santilli. El objetivo primordial de los mandatarios es obtener la libre disponibilidad de recursos y la reasignación de partidas presupuestarias para enfrentar el desastre natural. Según fuentes provinciales, aunque la medida podría dictarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, el consenso legislativo —que contaría incluso con el apoyo del PRO— otorgaría mayor solidez institucional a la gestión de la crisis.
En la Casa Rosada persiste cierta cautela respecto a los límites de la emergencia, bajo la premisa de evitar que se utilicen facultades extraordinarias para vulnerar controles administrativos. Paralelamente, el oficialismo debate internamente su postura sobre los delitos ambientales; aunque rechazan terminologías como “ecocidio”, el Gobierno contempla el endurecimiento de sanciones para quienes provoquen incendios en bosques nativos. Por ahora, el debate legislativo se perfila como un espacio de negociación clave para el resto del temario que el Ejecutivo pretende impulsar durante febrero.
Desde el vencimiento de la última prórroga nacional en enero de 2024, la respuesta ante los focos ígneos ha recaído mayoritariamente en normativas provinciales de alcance limitado. De obtener luz verde en el Congreso, la nueva legislación permitiría una coordinación federal más ágil para la contratación de aeronaves hidrantes y equipamiento pesado. El desafío para el oficialismo será evitar que la oposición utilice este proyecto como plataforma para reflotar otros reclamos pendientes en la agenda parlamentaria.
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