El Gobierno nacional reglamentó un nuevo programa de “Ciudadanía por inversión” con el que busca atraer capitales extranjeros por un monto estimado de USD 2.500 millones. El plan permite a inversores obtener la nacionalidad argentina de forma acelerada, omitiendo el requisito tradicional de residencia continua.
En un contexto de necesidad de divisas frescas y apertura económica, la administración actual ha puesto en marcha una herramienta disruptiva en la historia migratoria del país. Se trata de un régimen que otorga la ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones “relevantes” en sectores estratégicos. Según proyecciones oficiales, la iniciativa no solo fortalecería las reservas del Banco Central, sino que posicionaría a la Argentina en el competitivo mercado global de los denominados “pasaportes dorados”, un esquema ya utilizado por más de 80 naciones, incluyendo potencias como Estados Unidos y Portugal.
El corazón del proyecto reside en la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta agencia será la encargada de auditar la trazabilidad y el origen legal de los fondos, coordinando tareas con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la SIDE para evitar riesgos de seguridad nacional. Aunque los montos mínimos están sujetos a resoluciones técnicas, se estima que el umbral de inversión se situará cerca de los USD 500.000, enfocándose en áreas clave como la minería, la energía (Vaca Muerta), la agricultura tecnológica y el turismo.
La principal ventaja competitiva de este plan radica en la velocidad del trámite y la potencia del documento nacional. Argentina ofrece un camino alternativo a la Ley de Ciudadanía N° 346, permitiendo el acceso a la nacionalidad “cualquiera sea el tiempo de residencia” del solicitante, siempre que la inversión sea validada como significativa. Para el inversor extranjero, el atractivo es doble: el pasaporte argentino permite el ingreso sin visa a más de 160 países —incluyendo el espacio Schengen y el Reino Unido— y otorga plenos derechos políticos y civiles dentro del Mercosur, una ventaja que no ofrecen las simples residencias permanentes.
No obstante, el programa busca distanciarse de experiencias internacionales fallidas mediante un control estricto. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la última palabra y deberá resolver cada solicitud en un plazo de 30 días tras el informe técnico de la Agencia. Con este esquema, el Gobierno apuesta a seducir a grandes capitales que buscan seguridad jurídica y un puerto seguro para sus inversiones en el Cono Sur, transformando la identidad nacional en un activo estratégico para el desarrollo económico.
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