El Gobierno nacional presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de búsqueda de bienes embargables en la causa YPF. La Procuración del Tesoro denunció un “hostigamiento sistemático” por parte del fondo Burford y calificó como jurídicamente inaceptable el pedido de información sobre las reservas de oro del Banco Central.
La batalla legal por la expropiación de YPF ha ingresado en una fase de máxima tensión diplomática y jurídica. En un documento elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Estado argentino solicitó formalmente la suspensión del proceso de discovery —el mecanismo por el cual los demandantes rastrean activos para cobrar la sentencia de USD 16.000 millones—. La estrategia oficial, liderada por la Procuración del Tesoro, busca poner un límite a lo que define como pedidos intrusivos y desproporcionados que afectan de manera directa las relaciones internacionales y la soberanía de un “aliado de los Estados Unidos”.
El eje del conflicto radica en la agresividad de los beneficiarios del fallo, con el fondo Burford Capital a la cabeza, quienes recientemente escalaron su presión mediante una moción de desacato y la solicitud de datos sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central. Desde Buenos Aires, la respuesta fue tajante: esos activos pertenecen a una entidad autárquica y están protegidos por la inmunidad de ejecución. Para los abogados del Estado, cualquier requerimiento sobre el metal precioso resulta “manifiestamente improcedente” y busca, en realidad, entorpecer el normal funcionamiento de las instituciones financieras del país.
La Procuración destacó que, a diferencia de gestiones anteriores que terminaron en desacato, el actual gobierno ha realizado un esfuerzo extraordinario de transparencia, entregando un volumen de información sin precedentes. Sin embargo, advierten que esta disposición fue malinterpretada por los demandantes, quienes habrían desnaturalizado el proceso judicial para transformarlo en una herramienta de extorsión. Según el escrito, Burford manifestó explícitamente su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina, una confesión que el Gobierno tildó de inaceptable tanto jurídica como moralmente.
Con esta presentación, Argentina intenta que la jueza Preska actúe como árbitro ante lo que considera un abuso del derecho internacional. El Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales para frenar pedidos que vulneran la Constitución Nacional y los principios básicos del derecho internacional. Mientras la justicia neoyorquina decide si otorga este “respiro” procesal, la Casa Rosada envía un mensaje claro a los mercados y a los tribunales externos: la defensa de los activos estratégicos es una prioridad absoluta que no cederá ante la presión de los denominados “fondos buitre”.
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