El Gobierno acelera la reforma laboral buscando consensos en el Senado para mediados de febrero. Para asegurar los votos de los gobernadores, la Casa Rosada evalúa flexibilizar el impacto fiscal en Ganancias mediante compensaciones o una aplicación gradual del régimen.
Bajo la instrucción directa del presidente Javier Milei, la cúpula del Poder Ejecutivo ha intensificado las gestiones para garantizar la aprobación de la reforma laboral durante el período de sesiones extraordinarias. El Gobierno, que busca obtener la media sanción en el Senado hacia mediados de febrero, ha comenzado a mostrar signos de pragmatismo: prefieren una ley con cambios parciales que asegure la desburocratización del empleo antes que un proyecto ambicioso que naufrague por falta de apoyo. La estrategia central ahora consiste en destrabar la resistencia de los gobernadores, quienes condicionan su voto a la resolución de los desequilibrios financieros que la norma podría provocar en sus distritos.
El principal escollo radica en el impacto que la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas tendría sobre la masa coparticipable. Los mandatarios provinciales advierten que sus finanzas están al límite y exigen compensaciones frente a un costo fiscal que el Ejecutivo estima en el 0,15% del PBI para las provincias. En los despachos de la Casa Rosada admiten que este punto podría utilizarse como moneda de cambio; la intención es “tensionar” la negociación para ceder en lo tributario a cambio de mantener intactos los pilares técnicos de la modernización laboral, como la flexibilización de contratos y la reducción de cargas administrativas.
Para seducir a las provincias, la mesa política oficialista —integrada por figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo y Manuel Adorni— baraja dos caminos posibles. El primero sería un sistema de resarcimiento directo por la pérdida de fondos, mientras que el segundo, que gana mayor consenso, propone una aplicación gradual de la normativa, postergando el impacto fiscal pleno para los gobiernos locales hasta el año 2027. Esta gradualidad permitiría al Gobierno nacional exhibir un triunfo legislativo inmediato sin asfixiar las cuentas de los gobernadores en el corto plazo.
Pese al optimismo de la ministra Patricia Bullrich, quien asegura que existe un consenso avanzado, el oficialismo ha decidido no apurar el debate en el recinto apenas comience febrero para dar lugar a estas definiciones técnicas. Con nuevas reuniones programadas para esta semana y la próxima, el rol de los ministros Diego Santilli y Luis Caputo será fundamental para amalgamar las necesidades políticas con el rigor presupuestario. El objetivo final es que la reforma sea ley antes de marzo, apelando a la idea de que la formalización del empleo terminará por robustecer la recaudación a largo plazo.
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