Familiares de detenidos en Cuba exigen una ley de amnistía que garantice la libertad definitiva de más de mil presos políticos. Según El País, el reclamo busca evitar que el régimen los utilice como moneda de cambio en futuras negociaciones.
Familiares de detenidos en Cuba exigen una ley de amnistía que garantice la libertad definitiva de más de mil presos políticos. Según El País, el reclamo busca evitar que el régimen los utilice como moneda de cambio en futuras negociaciones.
La reciente liberación masiva de detenidos en Venezuela ha impulsado a las familias de los presos políticos cubanos a exigir una medida idéntica en la isla. El movimiento ciudadano busca que el gobierno de Miguel Díaz-Canel aplique una Ley de Amnistía que exonere definitivamente a los más de mil ciudadanos encarcelados, principalmente tras las revueltas de 2021. A diferencia de los indultos o licencias extrapenales otorgados anteriormente bajo presión del Vaticano, este recurso legal implicaría admitir que no existió delito en las protestas y garantizaría una libertad irreversible, sin amenazas de destierro o reingreso a prisión.
La urgencia del pedido coincide con un escenario de extrema precariedad económica y posibles acercamientos diplomáticos entre La Habana y la gestión de Donald Trump. Activistas y especialistas consultados por El País subrayan que, mientras Washington y la cúpula castrista exploran acuerdos energéticos y financieros, la excarcelación de los prisioneros de conciencia debe ser una prioridad innegociable. Para los familiares, la amnistía no representa solo un acto humanitario ante la crisis, sino el único camino jurídico para detener el uso del sistema penal como herramienta de silenciamiento político y sentar las bases de una reconciliación nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional ordenó que agentes migratorios en Minneapolis usen cámaras corporales tras polémicos tiroteos fatales. La medida busca aumentar la transparencia en operativos federales mientras el Congreso negocia fondos para extender este equipamiento a todo el país.
Lula da Silva remitió al Congreso brasileño el pacto Mercosur-Unión Europea para agilizar su ratificación. Pese a las trabas judiciales en Europa, Brasil busca liderar la implementación de un acuerdo diseñado para potenciar exportaciones, atraer inversiones y fomentar el desarrollo sostenible.
Rusia bombardeó masivamente la infraestructura energética de Ucrania con más de 500 proyectiles, rompiendo la tregua anunciada por Donald Trump. El ataque, ocurrido bajo temperaturas de -20°C, dejó a miles sin calefacción y complica los próximos diálogos diplomáticos en Abu Dabi.
Axel Kicillof analiza presidir el PJ bonaerense para alinear el partido con su gestión provincial. A días del cierre de listas, el gobernador negocia con el kirchnerismo el control del Consejo partidario y el respaldo institucional ante la situación judicial de Cristina Kirchner.
El Gobierno dispuso que el sable de San Martín regrese a la custodia del Regimiento de Granaderos en Palermo. Mediante decreto, se priorizó la seguridad y el contexto institucional de la reliquia, tras anular la normativa que exigía su exhibición museística.
La Justicia porteña debe decidir si suspende la demolición del Luna Park tras denuncias de organizaciones civiles. El proyecto, aprobado por la Ciudad, es acusado de violar leyes patrimoniales al destruir el interior del Monumento Histórico para aumentar su capacidad comercial.
El canciller Pablo Quirno arribó a Washington para una cumbre sobre minerales críticos liderada por el Departamento de Estado. Argentina busca captar inversiones y fortalecerse como proveedor estratégico frente a China, integrando una alianza con el G7 para asegurar suministros tecnológicos.
El Gobierno acelera negociaciones para aprobar la reforma laboral el 11 de febrero. Con apoyo en Senadores, la mesa política busca destrabar conflictos con gobernadores por Ganancias, mientras impulsa leyes sobre glaciares, el acuerdo con la Unión Europea y minoridad penal.
