El idilio de diálogo que algunos sectores del oficialismo intentaron tejer con el sindicalismo tradicional parece haber volado por los aires. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de urgencia de su mesa chica para este viernes, con un solo punto en el orden del día: la organización de un nuevo paro general. La decisión surge como respuesta inmediata a lo que consideran una “ofensiva final” del Ejecutivo sobre los convenios colectivos de trabajo y la estructura de financiamiento de las obras sociales.
El detonante del malestar fue la fallida gira federal que realizaron los líderes de la central por varias provincias. El objetivo era convencer a los mandatarios provinciales de bloquear los artículos más sensibles de la reforma laboral en el Congreso; sin embargo, se encontraron con un escenario de pragmatismo político. La mayoría de los gobernadores, asfixiados por la necesidad de fondos nacionales, optaron por una postura de neutralidad o apoyo condicionado, dejando a la CGT sin el paraguas legislativo que esperaba construir en el interior.
“No hay margen para seguir esperando mientras el salario se licúa y los derechos se borran por decreto”, dejaron trascender fuentes del edificio de la calle Azopardo. El malestar se agrava por la postura del Ministerio de Economía, que ha ratificado un techo estricto para las paritarias del sector público y privado, muy por debajo de las proyecciones de inflación para el primer trimestre. Para los sectores más duros de la central, representados por el gremio de Camioneros y el ala moyanista, la única salida es la confrontación directa en las calles para demostrar músculo político ante un Gobierno que no muestra señales de retroceso.
El encuentro del viernes será determinante para medir la unidad del frente sindical. Mientras los sectores denominados “gordos” e independientes aún sugieren agotar las instancias de negociación en la Secretaría de Trabajo, la presión de las bases y el fracaso de la vía política con las provincias parecen inclinar la balanza hacia la huelga nacional. Si no hay un gesto de último momento por parte de la Casa Rosada, la Argentina se encamina a una jornada de parálisis que pondrá a prueba, una vez más, la gobernabilidad en un contexto de máxima polarización social.