Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
Este miércoles, el centro de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió nuevamente en un escenario de alta conflictividad social. Desde temprano, diversas agrupaciones de jubilados iniciaron su habitual movilización, a la que esta vez se sumaron organizaciones de izquierda, sectores del sindicalismo y colectivos vinculados al kirchnerismo.
El objetivo de la marcha era expresar un rechazo masivo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en una jornada que pretendía avanzar por la Avenida de Mayo para culminar con una radio abierta multisectorial en la intersección con la 9 de Julio.
La tensión escaló rápidamente cuando los efectivos de la Policía Federal comenzaron a aplicar el protocolo antipiquetes para evitar que los manifestantes rodearan el edificio del Congreso.
En las inmediaciones de las calles Combate de los Pozos y Alsina, se produjeron enfrentamientos donde las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta, escudos y empujones para dispersar a la multitud.
Durante el operativo, se reportaron ataques y situaciones de violencia que afectaron a personas con discapacidad, trabajadores de prensa e incluso a un jubilado que se desplazaba en muletas.
Más tarde, efectivos de Gendarmería se sumaron al despliegue desde la Avenida Entre Ríos, reforzando una presencia policial que resultó desproporcionada ante el número de participantes.
Uno de los hechos más significativos de la tarde fue la situación del sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante de Curas en Acción por los Pobres. El religioso fue detenido inicialmente bajo la acusación de agredir a un uniformado.
Sin embargo, tras la intervención de varios diputados de Unión por la Patria —entre ellos Eduardo Valdés y Paula Penacca— y la presentación de videos que demostraban su inocencia, la fiscalía decidió desestimar los cargos. A pesar de haber recuperado la libertad, Olveira regresó al lugar de la protesta y fue aprehendido por segunda vez.
En el plano legislativo, el conflicto en las calles coincide con la aceleración de la estrategia oficialista en la Cámara Alta. La Libertad Avanza ya formalizó el pedido para sesionar el próximo miércoles 11 de febrero al mediodía, con el fin de tratar la reforma laboral.
El pedido lleva la firma de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a referentes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Bullrich aseguró que el texto del proyecto está prácticamente cerrado y confía en obtener la media sanción en el Senado. Mientras tanto, los sectores opositores ya preparan un paro nacional para el día del debate.
Un menor de 6 años murió ahogado en una piscina de Pilar tras quedar sin supervisión adulta. La Justicia analiza si existió negligencia de los padres y si el predio contaba con las medidas de seguridad y cercos reglamentarios.
La “Academia” pierde a uno de sus jugadores más importantes, que continuará su carrera en Gremio de Brasil.
El Ministerio de Capital Humano frenó el paro de 24 horas de La Fraternidad por 15 días. Tras el fracaso en las paritarias, el gremio acató la medida oficial, garantizando la circulación normal del servicio ferroviario en todo el país.
La cantante, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, rechazó las acusaciones sobre apología de las drogas en su música. En una entrevista, analizó la desigualdad de género en la industria y la responsabilidad parental sobre el consumo de contenidos explícitos.
El informe anual de la organización Human Rights Watch advirtió sobre el deterioro institucional en Argentina durante 2025 tras registrar ataques a la prensa, intentos de evadir controles legislativos y un uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales frente al Congreso.
Tras 416 días de detención, el comerciante y su esposa recuperaron la libertad en Caracas. Habían sido acusados de terrorismo por recibir un sobre en su local. La medida se da en el marco de nuevas amnistías políticas.
Jubilados y organizaciones sociales fueron dispersados con gases y palos mientras el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la nueva normativa laboral en el Senado la próxima semana.
Las acciones nacionales retrocedieron hasta 8% en Nueva York ante la volatilidad global por la inteligencia artificial y la incertidumbre interna tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC por el retraso del nuevo índice inflacionario.
