La Justicia argentina solicita a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

El pedido fue formalizado por el juez federal Sebastián Ramos en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. La medida busca indagar al mandatario venezolano tras el informe de la ONU y las denuncias de organismos de derechos humanos por torturas y persecución sistemática.

En una decisión de alto impacto diplomático y jurídico, la Justicia Federal de Argentina solicitó formalmente a los Estados Unidos la extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El pedido, emitido por el juez Sebastián Ramos, se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales investigar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio. La resolución apunta a indagar al líder chavista por una serie de delitos que incluyen torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas de seguridad venezolanas.

El magistrado basó su requerimiento en las pruebas recolectadas por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha documentado un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014. Según la justicia argentina, existen elementos suficientes para considerar que estas acciones no fueron hechos aislados, sino parte de un plan estructurado desde la cúpula del poder para silenciar a la oposición política. El pedido de extradición ocurre en un contexto de máxima tensión regional, tras la intervención militar estadounidense en territorio venezolano registrada el pasado 3 de enero de 2026.

La solicitud se canalizó a través de la Cancillería argentina y se dirige a las autoridades de Washington, dado que el gobierno de Donald Trump mantiene bajo su custodia a diversos jerarcas del régimen que fueron capturados o se entregaron durante los recientes eventos bélicos en el Caribe. Fuentes judiciales explicaron que, si bien Maduro no se encuentra físicamente en suelo norteamericano, el pedido de extradición funciona como una alerta internacional que restringe su movilidad y refuerza las órdenes de captura previas emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde el punto de vista del derecho internacional, esta medida representa un hito para la justicia argentina, que ya ha intervenido en causas similares relacionadas con dictaduras en otros países. El juez Ramos enfatizó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que la comunidad internacional tiene la obligación de cooperar para evitar la impunidad. El exhorto también incluye pedidos de informes sobre otros altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), presuntamente involucrados en la cadena de mando de las ejecuciones extrajudiciales.

La reacción de la defensa del Estado venezolano ha sido de rechazo absoluto, calificando la medida como un acto de “persecución política” orquestado desde el exterior. Sin embargo, para los organismos de derechos humanos que impulsaron la querella en Buenos Aires, el pedido de extradición es un paso decisivo hacia la justicia para las miles de víctimas del régimen. El escenario queda ahora supeditado a la respuesta del Departamento de Justicia de EE. UU., que deberá evaluar la viabilidad del traslado del mandatario bajo los tratados vigentes en medio de una situación política extremadamente volátil en Caracas.

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