El Gobierno reglamentó la “Inocencia Fiscal”, exigiendo bancarizar los dólares ahorrados para reactivar el crédito. Los monotributistas deberán adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias para evitar fiscalizaciones, mientras se elevan los umbrales de evasión y se flexibilizan multas para pymes.
Tras la aprobación legislativa de la Ley de Inocencia Fiscal, el Poder Ejecutivo ha procedido a reglamentar los mecanismos que permitirán a los ciudadanos formalizar sus ahorros en moneda extranjera. El objetivo central de esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía, es volcar al circuito financiero una masa de capitales estimada en 170.000 millones de dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema, buscando así dinamizar el crédito y la actividad económica.
La nueva disposición establece que cualquier utilización de divisas previamente no declaradas requiere obligatoriamente su ingreso al sistema bancario. Los usuarios disponen de dos alternativas operativas: depositar el efectivo en una cuenta propia para su posterior movimiento o transferir los fondos directamente hacia el receptor de la transacción. Esta exigencia responde a los protocolos internacionales de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, permitiendo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantenga un seguimiento estricto de la trazabilidad del dinero.
Para los inscriptos en el régimen de Monotributo que deseen formalizar sus ahorros, la reglamentación introduce una condición necesaria: la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Este sistema está diseñado para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a los $1.000 millones y patrimonios que no superen los $10.000 millones. Al inscribirse en el RSG, el fisco otorga una “presunción de exactitud”, lo que blinda al contribuyente ante posibles fiscalizaciones por el origen de esos fondos, siempre que se cumpla con la normativa técnica de ingresos propios.
El decreto también introduce modificaciones sustanciales en el ámbito penal tributario. Se ha elevado el piso de punibilidad para casos de evasión simple, situándolo en los $100 millones, cifra que se ajustará anualmente. Respecto a las multas automáticas, que sufrieron incrementos significativos en los montos nominales, la autoridad fiscal ha instruido evitar la emisión inmediata de intimaciones para las pequeñas y medianas empresas. En su lugar, se implementará un sistema de avisos previos que permitirá a las pymes regularizar incumplimientos de manera espontánea antes de enfrentar sanciones severas.
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