El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.

La administración central protagonizó una jornada de marchas y contramarchas legislativas al ingresar y, poco después, dar de baja la propuesta de reforma del sistema punitivo juvenil en la Cámara Baja. El conflicto principal radicó en la pretensión oficial de establecer el límite de responsabilidad penal en los 13 años, una cifra que carece de consenso entre las fuerzas políticas aliadas. Ante la falta de apoyo, la Casa Rosada optó por retirar el pliego para ajustarlo a un esquema de 14 años, buscando así una aprobación más ágil mediante un acuerdo previo con otros bloques parlamentarios.
Una de las grandes novedades de esta versión, a diferencia de los intentos fallidos del ciclo anterior, fue la inclusión de una partida financiera específica para su puesta en marcha. El cálculo gubernamental estima una inversión superior a los 23.700 millones de pesos, distribuidos entre la cartera de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Esta transparencia en los fondos intenta blindar la norma frente a posibles vetos o frenos por falta de financiamiento, un argumento que el Ejecutivo ha utilizado recientemente para neutralizar otras leyes de impacto social y educativo.
El texto modificado que se discutirá próximamente contempla un techo de 15 años de cárcel para adolescentes, descartando de plano las penas perpetuas. Asimismo, la normativa prioriza medidas alternativas a la reclusión, reservando la privación de la libertad únicamente para incidentes de extrema gravedad o violencia. En paralelo, surge un reclamo desde las provincias y sectores opositores para delimitar claramente las responsabilidades económicas entre Nación y los gobernadores, especialmente en lo referido a las reformas edilicias necesarias para garantizar centros de detención diferenciados y programas de salud y educación.
La recaptura del dirigente Juan Pablo Guanipa, poco después de ser liberado, expone la fragilidad de la apertura política en Venezuela. El chavismo reafirma su control mediante operativos policiales, mientras la oposición denuncia una estrategia de persecución que condiciona las promesas de reconciliación nacional.
ARCA oficializó la aplicación de retenciones de Ganancias sobre los intereses de depósitos en dólares para individuos y sucesiones. La medida, vigente desde este martes, busca unificar el tratamiento tributario y fomentar la transparencia dentro del plan de simplificación fiscal.
Economistas recomiendan postergar la compra de vehículos debido a que los precios y las tasas de interés aún deben ajustarse. La mayor competencia por importaciones y futuras bajas impositivas sugieren que esperar permitirá obtener mejores valores y condiciones de financiación.
Los mercados financieros operan con cautela ante la inminente difusión de la inflación de enero. Mientras el Merval permanece estable, los inversores evalúan la reciente salida del director del INDEC y el menú de letras que licitará mañana el Tesoro Nacional.
México reemplazó el envío de petróleo a Cuba por 277 toneladas de leche en polvo para evitar sanciones de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum busca mantener la ayuda humanitaria frente a la crisis alimentaria de la isla sin comprometer intereses comerciales.
Trabajadores del Indec protestan contra la suspensión del nuevo IPC, decidida por el Gobierno para enero. Mientras la Sociedad Argentina de Estadística advierte sobre la pérdida de credibilidad institucional, gremialistas presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad e interferencia política.
La llegada del mandatario israelí Isaac Herzog a Australia provocó violentos choques entre manifestantes y la policía de Sídney, con un saldo de 27 detenidos. Mientras el primer ministro lamentó los disturbios, Herzog cumplió homenajes a víctimas del terrorismo local.
Diego Santilli confía en que el Senado aprobará la reforma laboral y el recorte impositivo a empresas este miércoles. Pese a la resistencia de gobernadores por la pérdida de fondos coparticipables, el Gobierno negocia cambios en estatutos y facultades fiscales.