El Gobierno descartó presentarse como querellante en la causa por corrupción contra Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. Aunque la justicia investiga una red de sobornos en medicamentos que menciona a altos funcionarios, la Casa Rosada confía en la inocencia oficial.
El Poder Ejecutivo ha decidido no presentarse como parte acusadora en la investigación judicial que involucra a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras el reciente procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello contra el antiguo funcionario y otros 18 implicados, la administración nacional prefiere que el proceso siga su curso en los tribunales sin una intervención directa del Estado. Desde el entorno presidencial aseguran que la inocencia de los miembros del Gabinete mencionados en el expediente está fuera de duda y que, por el momento, la estrategia oficial es el análisis expectante.
Como respuesta política inicial a las sospechas de irregularidades, el Gobierno dispuso el traslado de las competencias de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud, bajo la premisa de sanear el organismo y asegurar la transparencia. Voceros oficiales recalcaron que la defensa de los acusados es una cuestión privada y que las menciones a figuras clave, como la secretaria general de la Presidencia o asesores directos del mandatario, carecen de sustento probatorio. En los pasillos de la Casa de Gobierno se subraya que no hay inquietud por el avance de la causa, ya que consideran que las medidas preventivas ya fueron ejecutadas.
La resolución judicial describe una compleja organización delictiva dedicada a la obtención de beneficios económicos mediante el direccionamiento de contratos públicos en la compra de fármacos. El magistrado interviniente sostiene que se habrían pactado “retornos” con empresas del sector, aprovechando regímenes de excepción para eludir los controles de las licitaciones tradicionales. En el marco de esta pesquisa, se han incautado importantes sumas de divisas extranjeras y moneda local en domicilios de ex integrantes de carteras económicas vinculados a empresarios del rubro de droguerías.
Pese a la difusión de registros sonoros donde se aludía a repartos de fondos espurios hacia la cúpula libertaria, la gestión de Javier Milei ha descartado iniciar acciones legales por calumnias contra los procesados. Argumentan que la veracidad de dichas grabaciones no ha sido admitida por los implicados, lo que restaría base jurídica para una demanda por injurias. El propio Presidente ha manifestado públicamente su respaldo total a su círculo íntimo, atribuyendo las repercusiones del caso a maniobras de desprestigio político mientras aguarda que la actividad judicial esclarezca los hechos de forma definitiva.
El Gobierno retiró de Diputados su proyecto de reforma penal tras la falta de consenso por bajar la imputabilidad a 13 años. La propuesta, que asigna 23.700 millones de pesos para su ejecución, será renegociada para fijar el límite en 14 años.
Un temporal de nieve extremo en Japón causó 46 muertes y más de 500 heridos desde fines de enero. La mayoría de los accidentes ocurrieron durante tareas de limpieza en tejados, complicando además el desarrollo de las recientes elecciones legislativas.
La justicia francesa detuvo a Jacques Leveugle por abusar de 89 menores en nueve países durante cinco décadas. El caso, descubierto por un familiar, revela una red global de vejaciones facilitada por sus cargos como docente y guía de campamentos.
Roblox enfrenta dificultades tras imponer la verificación de edad con biometría para proteger a menores de depredadores. Expertos cuestionan la privacidad de los datos, mientras usuarios burlan los controles, evidenciando los retos de regular videojuegos que funcionan como redes sociales.
Venezuela se ubicó como el tercer país más corrupto del mundo en 2025, liderando el ranking de opacidad en América. Según Transparencia Internacional, el continente sufre un estancamiento democrático, con Estados Unidos en mínimos históricos y Uruguay como referente regional.
La jueza Dolly Fernández condenó a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. César Sena, junto a sus padres, recibió la pena máxima, mientras que los encubridores fueron sentenciados a distintas penas de prisión efectiva.
El juez Sebastián Casanello procesó a Julio De Vido y Alessandra Minnicelli por enriquecimiento ilícito, tras detectar un desfasaje patrimonial de 690.000 dólares. La justicia investiga la compra simulada de un departamento de lujo y trabó un embargo de 998 millones.
El lanzamiento oficial del Régimen de Inocencia Fiscal generó una fuerte polémica entre el Palacio de Hacienda y la oposición legislativa. Mientras Luis Caputo incentivaba a la población a bancarizar sus ahorros para dinamizar la competitividad y el empleo, la senadora Juliana Di Tullio cuestionó la autoridad moral del funcionario, exigiéndole que transfiera sus activos …
