Gobiernos locales y propietarios privados en Estados Unidos bloquean los intentos del ICE por convertir almacenes en prisiones migratorias. Pese al presupuesto federal, la resistencia legal en varios estados y las protestas ciudadanas dificultan la logística del plan de deportaciones.
El plan estratégico de la Casa Blanca para ampliar la infraestructura de reclusión de extranjeros enfrenta una resistencia coordinada que trasciende la protesta callejera. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas experimenta severas dificultades logísticas al intentar adquirir naves industriales y terrenos debido a un bloqueo multifacético: gobernadores que promulgan leyes prohibitivas, alcaldes que revocan permisos y propietarios privados que, bajo presión social, rechazan ofertas millonarias. Este escenario ha convertido la búsqueda de alojamiento para los miles de nuevos arrestados en una disputa de soberanía territorial entre estados y el gobierno federal.
En Nuevo México, una reciente normativa veta el uso de espacios públicos para fines migratorios, mientras que en Misuri y Maryland se han congelado proyectos de rehabilitación de almacenes. A pesar de contar con un presupuesto de 45.000 millones de dólares para este despliegue, la agencia se topa con el dilema de la idoneidad técnica de los locales, que carecen de servicios básicos para albergar a miles de personas. Aunque el Ejecutivo defiende estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, la negativa de ciudades clave a ceder recursos locales ha forzado al organismo a buscar alternativas en zonas remotas, intensificando el debate sobre el trato humanitario y el impacto económico en las comunidades anfitrionas.
El oficialismo presentará este miércoles un proyecto con 28 modificaciones tras negociar con la oposición dialoguista. El acuerdo con 44 senadores incluyó retirar la baja de Ganancias a empresas para proteger la coparticipación de las provincias.
Enero registró una variación de precios superior a la esperada, tras la renuncia de Marco Lavagna al Indec y la suspensión de la nueva metodología de cálculo, acumulando un alza interanual del 32,4% en todo el país.
Hugo Moyano (hijo) rechazó la reforma laboral, calificándola como un retroceso sin beneficios para los trabajadores. Denunció que el proyecto precariza el empleo, desfinancia sindicatos y utiliza fondos previsionales para costear despidos bajo una falsa modernización.
El Gobierno implementará un fuerte operativo de seguridad con vallas y fuerzas federales ante la masiva marcha contra la reforma laboral frente al Congreso. La CGT, movimientos sociales y gremios docentes se movilizarán este miércoles para rechazar el proyecto oficial.
El diputado Gabriel Bornoroni impulsó una sesión para este jueves con el fin de ratificar el acuerdo Mercosur-UE y bajar la edad de imputabilidad. El oficialismo busca acelerar el tratado comercial, mientras debate reformas penales juveniles para menores de trece años.
Franco Colapinto comienza los ensayos de Fórmula 1 en Baréin con la escudería Alpine. El argentino abrirá la actividad este miércoles, alternando turnos con Pierre Gasly, para ajustar su monoplaza bajo el nuevo reglamento técnico antes del debut en Australia.
Frigorífico Pico despidió a 194 empleados en La Pampa debido a una crisis financiera y la caída de exportaciones a China. La firma, con deudas millonarias, redujo drásticamente su faena, aunque la marca Paty continúa operando bajo gestión independiente.
Un sargento del Ejército argentino fue arrestado en el cruce Los Libertadores al intentar ingresar a Chile con proyectiles de mortero. Tras ser detectado por canes aduaneros, el militar quedó libre bajo fianza, enfrentando cargos por contrabando de material bélico.
